Por Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Área de Niñez y Adolescencia.
Por Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Área de Niñez y Adolescencia.
Cada 10 de septiembre, desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el propósito de concientizar a todo el mundo sobre este fenómeno tan complejo.
El aumento que tuvo en el último tiempo el suicidio adolescente expone la necesidad de reforzar las actividades de prevención durante esta etapa. Esto debe hacerse mediante la coordinación y colaboración entre múltiples sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, incluidos salud, educación, así como los responsables de las leyes, los medios de comunicación y las políticas públicas, en el marco de la corresponsabilidad que dispone la ley provincial 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley nacional Nº 26.061 y la ley nacional de Salud Mental Nº 26.657.
En el mundo, 800 mil personas mueren por suicidio cada año. En Argentina, los datos que aporta UNICEF son del 2015 e indican que la tasa de suicidio es de 7,2 por cada 100.000 habitantes. El número de suicidios es de 438 personas por año, de los cuales el 75% fueron varones, siendo los más afectados los jóvenes de la franja de entre 15 a 24 años. Las acciones llevadas adelante contra el suicidio parecen no tener efecto sobre este fenómeno.
Es sabido que la adolescencia como etapa diferenciada conlleva cambios físicos y psicológicos, por lo cual es importante atender los aspectos sociales del ambiente donde transcurre la vida cotidiana de los adolescentes y sus vínculos (hogar, familia, escuela, barrio, grupos de pertenencia) que requieren entonces un enfoque integral y multidisciplinario.
Estos esfuerzos de prevención deben ser integrales, debido a que ningún abordaje singular es suficiente para una cuestión tan compleja. En particular, el sistema de atención de la salud necesita fortalecer el acceso a la atención de salud mental, y mejorar la capacidad de identificar, contener y acompañar a los niños, niñas y adolescentes que podrían estar en riesgo.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires considera hacer de la prevención del suicidio una prioridad multisectorial. El Estado debe garantizar la cobertura sanitaria en materia de salud mental, el fortalecimiento de las economías familiares, la entrega de medicamentos gratuitos en patologías severas, y por sobre todo la contención a través de grupos terapéuticos específicos en pacientes que han tenido sucesos previos, y en aquellos que han sufrido esta situación.
El objetivo integral de una estrategia de prevención es justamente promover, coordinar y apoyar planes de acción y programas intersectoriales apropiados de prevención de los comportamientos suicidas a nivel nacional, provincial y local. Para ello es necesaria la elaboración, realización y evaluación de proyectos piloto, programas y políticas públicas focalizadas que construyan valores, prácticas y conductas favorables para el cuidado propio y la protección de la salud.
Consideramos que avanzar en la construcción de respuestas frente a conflictos que conllevan el paso por la adolescencia implica un abordaje desde una mirada interdisciplinaria, donde los saberes específicos de cada disciplina contribuyen a la lectura, comprensión, explicación y elaboración de los mismos.
Por todo lo expuesto, consideramos necesario sensibilizar e informar sobre la problemática del suicidio adolescente brindando orientación y herramientas entendiéndolo como un fenómeno serio y complejo para su abordaje.
Cada 10 de septiembre, desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el propósito de concientizar a todo el mundo sobre este fenómeno tan complejo.
El aumento que tuvo en el último tiempo el suicidio adolescente expone la necesidad de reforzar las actividades de prevención durante esta etapa. Esto debe hacerse mediante la coordinación y colaboración entre múltiples sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, incluidos salud, educación, así como los responsables de las leyes, los medios de comunicación y las políticas públicas, en el marco de la corresponsabilidad que dispone la ley provincial 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley nacional Nº 26.061 y la ley nacional de Salud Mental Nº 26.657.
En el mundo, 800 mil personas mueren por suicidio cada año. En Argentina, los datos que aporta UNICEF son del 2015 e indican que la tasa de suicidio es de 7,2 por cada 100.000 habitantes. El número de suicidios es de 438 personas por año, de los cuales el 75% fueron varones, siendo los más afectados los jóvenes de la franja de entre 15 a 24 años. Las acciones llevadas adelante contra el suicidio parecen no tener efecto sobre este fenómeno.
Es sabido que la adolescencia como etapa diferenciada conlleva cambios físicos y psicológicos, por lo cual es importante atender los aspectos sociales del ambiente donde transcurre la vida cotidiana de los adolescentes y sus vínculos (hogar, familia, escuela, barrio, grupos de pertenencia) que requieren entonces un enfoque integral y multidisciplinario.
Estos esfuerzos de prevención deben ser integrales, debido a que ningún abordaje singular es suficiente para una cuestión tan compleja. En particular, el sistema de atención de la salud necesita fortalecer el acceso a la atención de salud mental, y mejorar la capacidad de identificar, contener y acompañar a los niños, niñas y adolescentes que podrían estar en riesgo.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires considera hacer de la prevención del suicidio una prioridad multisectorial. El Estado debe garantizar la cobertura sanitaria en materia de salud mental, el fortalecimiento de las economías familiares, la entrega de medicamentos gratuitos en patologías severas, y por sobre todo la contención a través de grupos terapéuticos específicos en pacientes que han tenido sucesos previos, y en aquellos que han sufrido esta situación.
El objetivo integral de una estrategia de prevención es justamente promover, coordinar y apoyar planes de acción y programas intersectoriales apropiados de prevención de los comportamientos suicidas a nivel nacional, provincial y local. Para ello es necesaria la elaboración, realización y evaluación de proyectos piloto, programas y políticas públicas focalizadas que construyan valores, prácticas y conductas favorables para el cuidado propio y la protección de la salud.
Consideramos que avanzar en la construcción de respuestas frente a conflictos que conllevan el paso por la adolescencia implica un abordaje desde una mirada interdisciplinaria, donde los saberes específicos de cada disciplina contribuyen a la lectura, comprensión, explicación y elaboración de los mismos.
Por todo lo expuesto, consideramos necesario sensibilizar e informar sobre la problemática del suicidio adolescente brindando orientación y herramientas entendiéndolo como un fenómeno serio y complejo para su abordaje.