La lactancia materna no debe pensarse únicamente como una práctica biológica o una responsabilidad individual, sino como un derecho humano y una dimensión política del cuidado.
Diversos organismos internacionales, como la OMS y UNICEF, la reconocen como un componente clave para la salud y el bienestar de las personas gestantes, niñas y niños, pero también como un acto que requiere condiciones estructurales que lo hagan posible y libremente elegido.
Desde una perspectiva feminista interseccional, la promoción de la lactancia debe contemplar las desigualdades de clase, género, identidad, corporalidad y acceso a derechos. Esto implica visibilizar que no todas las personas lactantes tienen los mismos recursos, redes de apoyo o entornos laborales que les permitan ejercer este derecho sin obstáculos.
El marco normativo en Argentina, especialmente la Ley N° 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna y la Ley de Contrato de Trabajo, establece derechos como licencias, pausas laborales para lactancia, y el derecho a espacios adecuados.
Sin embargo, su efectiva implementación aún es desigual, especialmente en los sectores informales o para quienes no encajan en la figura tradicional de “madre gestante” (como varones trans o personas no binarias).
Desde un enfoque de justicia reproductiva, promover la lactancia implica garantizar la autonomía de las personas gestantes para decidir cómo y con quién cuidar, en qué condiciones hacerlo y con qué apoyos del Estado y la sociedad.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires acompañamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna reafirmando que cuidar también es una responsabilidad social.