Su satisfacción por la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, que respeta lineamientos expresados por la Corte Suprema de Justicia y distintos tratados internacionales de derechos humanos, manifestó la Defensoría del Pueblo bonaerense. Se trata de una resolución llevada adelante por el ministerio
Su satisfacción por la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, que respeta lineamientos expresados por la Corte Suprema de Justicia y distintos tratados internacionales de derechos humanos, manifestó la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Se trata de una resolución llevada adelante por el ministerio de Salud provincial, que se hace eco de una disposición elaborada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación.
Puntualmente, la Provincia derogó una norma que obstaculizaba el camino al aborto legal, y ahora adecuó lo lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita, es decir, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
Desde la cartera sanitaria expresaron que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la interrupción legal del embarazo, lo que significa que todas las personas que deseen acceder a la práctica deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible, en un espacio de confidencialidad y privacidad.
Se trata de una resolución llevada adelante por el ministerio de Salud provincial, que se hace eco de una disposición elaborada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación.
Puntualmente, la Provincia derogó una norma que obstaculizaba el camino al aborto legal, y ahora adecuó lo lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita, es decir, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
Desde la cartera sanitaria expresaron que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la interrupción legal del embarazo, lo que significa que todas las personas que deseen acceder a la práctica deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible, en un espacio de confidencialidad y privacidad.