Razonabilidad, progresividad y proporcionalidad entre el costo, la cantidad y calidad del servicio, y que el Estado garantice a todos los ciudadanos el derecho humano al agua, exigió la Defensoría del Pueblo bonaerense en la audiencia pública que brindó Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA)
Razonabilidad, progresividad y proporcionalidad entre el costo, la cantidad y calidad del servicio, y que el Estado garantice a todos los ciudadanos el derecho humano al agua, exigió la Defensoría del Pueblo bonaerense en la audiencia pública que brindó Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) para tratar el aumento de la tarifa.
Durante la audiencia celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, cuestionada por la Defensoría por realizarse el mismo día del paro de la CGT que paralizó el transporte, el secretario de Servicios Públicos, Jorge Ruesga, expresó que “es imprescindible que se establezca un régimen que asegure que todos los habitantes de Buenos Aires tengan la posibilidad de acceder al agua”.
“Exigimos que no haya una arbitraria discriminación: esto se logra con razonabilidad en la clasificación de los usuarios o de los servicios”, dijo el funcionario del organismo.
En su intervención, Ruesga hizo hincapié en proteger a los sectores más vulnerables, pidió asegurar la tarifa social y flexibilidad para las fundaciones y asociaciones.
Sobre el incremento planteado, Jorge Ruesga sostuvo que “ nos preocupa que además del ajuste propuesto del 23% cambien las bases de cálculo para el servicio medido quitando la parte fija calculada y también que quieran proceder a la quita total de subsidios”.
Para finalizar, el secretario ratificó la posición de la Defensoría acerca de que “las audiencias públicas tendrán razón de ser cuando sean vinculantes y tengan un efecto correctivo”.
Durante la audiencia celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, cuestionada por la Defensoría por realizarse el mismo día del paro de la CGT que paralizó el transporte, el secretario de Servicios Públicos, Jorge Ruesga, expresó que “es imprescindible que se establezca un régimen que asegure que todos los habitantes de Buenos Aires tengan la posibilidad de acceder al agua”.
“Exigimos que no haya una arbitraria discriminación: esto se logra con razonabilidad en la clasificación de los usuarios o de los servicios”, dijo el funcionario del organismo.
En su intervención, Ruesga hizo hincapié en proteger a los sectores más vulnerables, pidió asegurar la tarifa social y flexibilidad para las fundaciones y asociaciones.
Sobre el incremento planteado, Jorge Ruesga sostuvo que “ nos preocupa que además del ajuste propuesto del 23% cambien las bases de cálculo para el servicio medido quitando la parte fija calculada y también que quieran proceder a la quita total de subsidios”.
Para finalizar, el secretario ratificó la posición de la Defensoría acerca de que “las audiencias públicas tendrán razón de ser cuando sean vinculantes y tengan un efecto correctivo”.