Una evaluación sobre los servicios de salud y educación, y la alimentación que reciben las personas alojadas en “Batancito”, uno de los centros que forman parte del sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense, realizó en las últimas horas el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos
Una evaluación sobre los servicios de salud y educación, y la alimentación que reciben las personas alojadas en “Batancito”, uno de los centros que forman parte del sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense, realizó en las últimas horas el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores.
Durante su recorrida a la institución ubicada en Batán, partido de General Pueyrredón, Honores y su equipo también pusieron la lupa sobre la infraestructura, con la intención de establecer un diagnóstico preciso sobre las condiciones de vida de la población de la unidad.
Honores y el secretario de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría, Luis Rech, además de entrevistarse con los responsables de “Batancito”, efectuaron un puntilloso monitoreo del establecimiento en distintos sectores elegidos al azar, y tomaron contacto directo con los internos en su hábitat natural, los módulos y sus habitaciones.
El mayor desafío para los 26 jóvenes en conflicto con la ley penal, detenidos en “Batancito”, pasa por la reinserción real en la sociedad una vez que egresen. Y sobre ese punto, Honores, Rech y el equipo técnico de la secretaría de Promoción de Derechos Humanos, intercambiaron ideas con las autoridades del establecimiento, encabezadas por su vicedirector, Facundo Takes.
La intervención de la Defensoría incluyó la participación de Alejandra Gauna, Carolina Peralta y Victoria Goyeneche, quienes hablaron con los internos sobre los talleres de formación y el trato que reciben.
Durante su recorrida a la institución ubicada en Batán, partido de General Pueyrredón, Honores y su equipo también pusieron la lupa sobre la infraestructura, con la intención de establecer un diagnóstico preciso sobre las condiciones de vida de la población de la unidad.
Honores y el secretario de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría, Luis Rech, además de entrevistarse con los responsables de “Batancito”, efectuaron un puntilloso monitoreo del establecimiento en distintos sectores elegidos al azar, y tomaron contacto directo con los internos en su hábitat natural, los módulos y sus habitaciones.
El mayor desafío para los 26 jóvenes en conflicto con la ley penal, detenidos en “Batancito”, pasa por la reinserción real en la sociedad una vez que egresen. Y sobre ese punto, Honores, Rech y el equipo técnico de la secretaría de Promoción de Derechos Humanos, intercambiaron ideas con las autoridades del establecimiento, encabezadas por su vicedirector, Facundo Takes.
La intervención de la Defensoría incluyó la participación de Alejandra Gauna, Carolina Peralta y Victoria Goyeneche, quienes hablaron con los internos sobre los talleres de formación y el trato que reciben.