El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, solicitó a la Legislatura que derogue la facultad de la policía de la Provincia para realizar averiguaciones de antecedentes sin causas razonables.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, solicitó a la Legislatura que derogue la facultad de la policía de la Provincia para realizar averiguaciones de antecedentes sin causas razonables.
El pedido apunta a la eliminación del inciso c del artículo 15 de la Ley 13.482 que permite a la fuerza bonaerense limitar la libertad de las personas “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se nieguen a identificarse o no tengan la documentación que la acredita”.
Lorenzino sostuvo que estos procedimientos otorgan “un margen discrecional que vulnera la libertad”, y explicó que el pedido se da como respuesta a la serie de razzias policiales denunciadas en distintos puntos de la Provincia. “Es necesario que se respeten las garantías constitucionales de la libertad, los principios de igualdad ante la ley, la razonabilidad y el control judicial efectivo”, precisó.
En esa línea, el Defensor expresó que “debemos aplicar procedimientos conformes a derecho y observar cualquier situación que pueda ir en contra de la libertad de las personas, siempre resguardando el interés general y defendiendo todas las garantías constitucionales”.
El pedido apunta a la eliminación del inciso c del artículo 15 de la Ley 13.482 que permite a la fuerza bonaerense limitar la libertad de las personas “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se nieguen a identificarse o no tengan la documentación que la acredita”.
Lorenzino sostuvo que estos procedimientos otorgan “un margen discrecional que vulnera la libertad”, y explicó que el pedido se da como respuesta a la serie de razzias policiales denunciadas en distintos puntos de la Provincia. “Es necesario que se respeten las garantías constitucionales de la libertad, los principios de igualdad ante la ley, la razonabilidad y el control judicial efectivo”, precisó.
En esa línea, el Defensor expresó que “debemos aplicar procedimientos conformes a derecho y observar cualquier situación que pueda ir en contra de la libertad de las personas, siempre resguardando el interés general y defendiendo todas las garantías constitucionales”.