El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró que es “necesario” avanzar hacia una nueva Ley de Alquileres, y propuso al organismo como ámbito de conciliación para mediar entre las y los inquilinos y las y los propietarios ante cualquier tipo de problema que pueda surgir entre las partes.
“El debate de una nueva ley es necesario. Los inconvenientes generados a partir de la pandemia dejaron en claro que la discusión en el Congreso debe estar guiada por la importancia de contar con una legislación protectora”, sostuvo.
En esa línea, Lorenzino explicó que “durante 2020 y 2021 hubo un incremento del 500% de consultas en la Defensoría sobre este tema. De éstas construimos una experiencia que queremos aportar para el debate, como es la necesidad de atender a la informalidad, revisar la fórmula de actualización, los costos y prever la mediación ante posibles inconvenientes”. En cuanto a la informalidad, señaló que hay personas que, por ejemplo, alquilan de palabra una habitación, y consideró que “es clave darles un piso de protección”.
Por otro lado, aseguró que “no fue útil la fórmula de actualización de la nueva ley. La indefinición inicial del costo del alquiler durante los tres años de duración del contrato generó conflictos tanto para las y los locadores, como para las y los inquilinos, por lo que es importante trabajar en una dinámica que contemple el contexto, las experiencias y realidades de las partes”. En su análisis, Lorenzino también hizo hincapié en que “las cargas de honorarios para las y los inquilinos generaron un peso adicional a las condiciones generales de ingreso a una vivienda, por lo que es necesario revisar también este ítem”.
A su vez, indicó que hay que avanzar hacia una mediación previa obligatoria en juicios seguidos por desalojo, modificando el artículo 5° de la Ley 13.951. “Es importante que tanto las y los locadores como inquilinos e inquilinas cuenten con un ámbito de conciliación para dirimir controversias que apunte a reducir la conflictividad y que brinde una protección institucional. La Defensoría podría ser un espacio ideal para que esto suceda”, expresó.
De todas formas, el Defensor del Pueblo manifestó que “hay cuestiones de la ley vigente muy importantes y positivas, como la notificación electrónica o la posibilidad de resolver en forma anticipada los contratos destinados a vivienda, puntos muy importantes y valiosos para tener en cuenta en el debate de la nueva ley”.
En esa línea, Lorenzino explicó que “durante 2020 y 2021 hubo un incremento del 500% de consultas en la Defensoría sobre este tema. De éstas construimos una experiencia que queremos aportar para el debate, como es la necesidad de atender a la informalidad, revisar la fórmula de actualización, los costos y prever la mediación ante posibles inconvenientes”. En cuanto a la informalidad, señaló que hay personas que, por ejemplo, alquilan de palabra una habitación, y consideró que “es clave darles un piso de protección”.
Por otro lado, aseguró que “no fue útil la fórmula de actualización de la nueva ley. La indefinición inicial del costo del alquiler durante los tres años de duración del contrato generó conflictos tanto para las y los locadores, como para las y los inquilinos, por lo que es importante trabajar en una dinámica que contemple el contexto, las experiencias y realidades de las partes”. En su análisis, Lorenzino también hizo hincapié en que “las cargas de honorarios para las y los inquilinos generaron un peso adicional a las condiciones generales de ingreso a una vivienda, por lo que es necesario revisar también este ítem”.
A su vez, indicó que hay que avanzar hacia una mediación previa obligatoria en juicios seguidos por desalojo, modificando el artículo 5° de la Ley 13.951. “Es importante que tanto las y los locadores como inquilinos e inquilinas cuenten con un ámbito de conciliación para dirimir controversias que apunte a reducir la conflictividad y que brinde una protección institucional. La Defensoría podría ser un espacio ideal para que esto suceda”, expresó.
De todas formas, el Defensor del Pueblo manifestó que “hay cuestiones de la ley vigente muy importantes y positivas, como la notificación electrónica o la posibilidad de resolver en forma anticipada los contratos destinados a vivienda, puntos muy importantes y valiosos para tener en cuenta en el debate de la nueva ley”.