El 19 de diciembre de 2018 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La ley lleva el nombre de Micaela García, joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio en 2017. Su caso expuso fallas graves del Estado en la prevención y sanción de las violencias por motivos de género y dio lugar a un reclamo social claro y contundente: quienes toman decisiones públicas y quienes atienden a la ciudadanía deben contar con formación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos.
A partir de la Ley Micaela, los organismos públicos tienen la obligación de organizar instancias de formación periódicas para todo su personal —desde las máximas autoridades hasta los equipos de atención— y de adecuar esos contenidos a las recomendaciones de los sistemas de protección de derechos de las mujeres y diversidades.
En la provincia de Buenos Aires, este mandato se ve reforzado por la Ley provincial Nº 15.134, que extiende la capacitación obligatoria en género y prevención de violencias a quienes integran los tres poderes del Estado provincial.
Recordar esta fecha no es solo un ejercicio de memoria sobre un femicidio emblemático. Es reafirmar que la violencia por motivos de género también se discute y se enfrenta dentro del Estado: en los contenidos que se enseñan, en las decisiones que se adoptan y en la forma en que cada espacio institucional responde frente a situaciones de vulneración de derechos.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Políticas de Igualdad, se sostiene y profundiza el compromiso con la implementación de la Ley Micaela mediante acciones concretas:
- Se brindan capacitaciones desde 2018 orientadas a sensibilizar, concientizar y difundir herramientas vinculadas al conocimiento de los derechos humanos con perspectiva de género, destinadas a distintos actores de la comunidad.
- Se realiza asesoramiento, gestión y seguimiento de casos vinculados a situaciones de violencia de género y/o violaciones a los derechos humanos de mujeres y diversidades.
- Se desarrollan investigaciones en materia de género para la producción y análisis de información que contribuya al diseño de políticas públicas y a la reducción de las brechas de género.
- Se elaboran contenidos y campañas de comunicación institucional orientadas a la prevención y erradicación de las violencias por razones de género, a través de los distintos canales oficiales.
En esta fecha, la Defensoría renueva su compromiso de sostener y ampliar el alcance de las instancias de capacitación y sensibilización en género y masculinidades, entendiendo que la formación continua es una herramienta central para construir prácticas institucionales más igualitarias y contribuir a una sociedad libre de violencias.