A siete años de la sanción de la Ley Micaela en la provincia de Buenos Aires (Ley N° 15.134), la norma continúa marcando un eje central en la forma en que el Estado aborda la prevención de las violencias por razones de género.
Más allá de la capacitación obligatoria que establece, su implementación plantea un desafío más amplio: incorporar la perspectiva de género en las decisiones cotidianas de la gestión pública. La ley dispone la capacitación obligatoria en género y violencia por razones de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial, sin distinción de cargo o jerarquía. Sin embargo, su alcance no se limita a una instancia formativa.
La normativa propone revisar prácticas, fortalecer capacidades institucionales y generar herramientas que permitan intervenir de manera más igualitaria frente a las distintas problemáticas que atraviesan a la sociedad.
Un cambio en la forma de intervenir desde el Estado
Uno de los principales aportes de la Ley Micaela es haber introducido un cambio en la manera de pensar la intervención estatal. La perspectiva de género no se incorpora únicamente a través de normas, sino también en la forma en que se reciben demandas, se interpretan situaciones y se construyen respuestas.
En ese sentido, la norma pone en evidencia que muchas desigualdades no se expresan únicamente en hechos de violencia visibles, sino también en procedimientos administrativos, criterios de atención y decisiones institucionales que pueden reproducir estereotipos y obstaculizar el acceso efectivo a derechos.
Capacitación y prácticas institucionales
La implementación de la ley implica no sólo cumplir con la obligación de capacitar, sino también avanzar hacia una incorporación transversal de la perspectiva de género en las prácticas del Estado.
Esto supone construir criterios comunes de intervención y generar herramientas concretas que permitan revisar cómo se actúa frente a cada situación. En la provincia de Buenos Aires, distintas áreas y organismos vienen desarrollando instancias de formación y sensibilización orientadas a fortalecer estos procesos y a consolidar intervenciones más integrales.
Formación y acompañamiento institucional
En este marco, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Políticas de Igualdad, lleva adelante instancias de capacitación y sensibilización en género y masculinidades dirigidas a actores institucionales y comunitarios.
Estas acciones se articulan con el acompañamiento de situaciones concretas y forman parte de un trabajo sostenido que busca aportar herramientas para mejorar las respuestas del Estado frente a problemáticas vinculadas a la desigualdad y las violencias por razones de género.
Para conocer más sobre las capacitaciones y líneas de trabajo desarrolladas, se puede consultar el último informe disponible: