Herramienta clave para quienes no pueden tener hijos y desean planificar la conformación de sus familias, la Ley de Fertilidad Asistida se consolidó como una norma que permitió hacer realidad el sueño de ser madres y padres a miles de personas, pero que en la actualidad sigue teniendo una
Herramienta clave para quienes no pueden tener hijos y desean planificar la conformación de sus familias, la Ley de Fertilidad Asistida se consolidó como una norma que permitió hacer realidad el sueño de ser madres y padres a miles de personas, pero que en la actualidad sigue teniendo una serie de deudas que impiden que sus beneficios sean universales.
Así se desprende de las quejas y consultas que recibió la Defensoría del Pueblo bonaerense, el organismo que conduce Guido Lorenzino, que desde que la ley está en vigencia en la Provincia se abocó, por un lado, a brindar asesoramiento respecto a estos métodos, como así también atender las diferentes demandas de quienes sufrieron inconvenientes a la hora de recibir los tratamientos.
Entre estos reclamos, aparecen una serie de inconvenientes relacionados a la cantidad de tratamientos que establece la propia norma. Por ejemplo, hay casos de obras sociales que niegan cobertura de más de cuatro intentos de tratamiento de baja complejidad y tres de alta por vida de la usuaria del servicio de salud. Hay reclamos, incluso, en que ni siquiera cubren una cantidad menor de intentos.
Otra queja es la que tiene que ver con que Ioma, particularmente, persiste en no hacerse cargo de la crioconservación y la transferencia de embriones, cuando este tratamiento debe cubrirse de forma integral, incluso la totalidad de la medicación. Otras obras sociales, en tanto, persisten en cubrir sólo el 40%.
La Defensoría también recibe quejas por denegatorias de reintegrar dinero gastado frente a negativas de cobertura injustificadas, o casos en que mujeres solas y/o homosexuales a quienes no se les quiere cubrir el tratamiento ya que, por ejemplo, Ioma deniega la cobertura al entender que en estas situaciones no hay impedimentos patológico para procrear.
“Las obras sociales se amparan en estas zonas grises que tiene la ley provincial, lo que provoca que no se garantice la totalidad de los tratamientos. Si bien hay una ley nacional sobre la temática que amplía el alcance de las coberturas, se repiten las quejas”, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo expresó que “ante todos estos casos tramitamos expedientes y elevamos pedidos a los agentes de salud. De todas formas, debemos avanzar hacia una universalidad de la cobertura, ya que entendemos que la salud reproductiva no es solo una ausencia de enfermedades o dolencias. Además, se debe evitar cualquier tipo de discriminación”.
“Si bien en muchas de las intervenciones logramos tener éxito, apuntamos a eliminar el máximo posible de burocracia, debido a que el sistema de salud le pone innumerables trabas a las mujeres que encaran estos tratamientos, complicaciones que son inadmisibles si tenemos en cuenta que este beneficio es un derecho”, finalizó Lorenzino.
Así se desprende de las quejas y consultas que recibió la Defensoría del Pueblo bonaerense, el organismo que conduce Guido Lorenzino, que desde que la ley está en vigencia en la Provincia se abocó, por un lado, a brindar asesoramiento respecto a estos métodos, como así también atender las diferentes demandas de quienes sufrieron inconvenientes a la hora de recibir los tratamientos.
Entre estos reclamos, aparecen una serie de inconvenientes relacionados a la cantidad de tratamientos que establece la propia norma. Por ejemplo, hay casos de obras sociales que niegan cobertura de más de cuatro intentos de tratamiento de baja complejidad y tres de alta por vida de la usuaria del servicio de salud. Hay reclamos, incluso, en que ni siquiera cubren una cantidad menor de intentos.
Otra queja es la que tiene que ver con que Ioma, particularmente, persiste en no hacerse cargo de la crioconservación y la transferencia de embriones, cuando este tratamiento debe cubrirse de forma integral, incluso la totalidad de la medicación. Otras obras sociales, en tanto, persisten en cubrir sólo el 40%.
La Defensoría también recibe quejas por denegatorias de reintegrar dinero gastado frente a negativas de cobertura injustificadas, o casos en que mujeres solas y/o homosexuales a quienes no se les quiere cubrir el tratamiento ya que, por ejemplo, Ioma deniega la cobertura al entender que en estas situaciones no hay impedimentos patológico para procrear.
“Las obras sociales se amparan en estas zonas grises que tiene la ley provincial, lo que provoca que no se garantice la totalidad de los tratamientos. Si bien hay una ley nacional sobre la temática que amplía el alcance de las coberturas, se repiten las quejas”, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo expresó que “ante todos estos casos tramitamos expedientes y elevamos pedidos a los agentes de salud. De todas formas, debemos avanzar hacia una universalidad de la cobertura, ya que entendemos que la salud reproductiva no es solo una ausencia de enfermedades o dolencias. Además, se debe evitar cualquier tipo de discriminación”.
“Si bien en muchas de las intervenciones logramos tener éxito, apuntamos a eliminar el máximo posible de burocracia, debido a que el sistema de salud le pone innumerables trabas a las mujeres que encaran estos tratamientos, complicaciones que son inadmisibles si tenemos en cuenta que este beneficio es un derecho”, finalizó Lorenzino.