La Defensoría "vela por los derechos de todos los ciudadanos, se suma al pedido de justicia y exige el esclarecimiento del caso" sostuvo Marcelo Honores.
La muerte del adolescente Luciano Olivera, de 16 años, baleado por un efectivo de la Policía bonaerense, en la madrugada de hoy en el centro de Miramar, “es un episodio de violencia institucional de inusitada gravedad”, consideró el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores.
El hecho, que es investigado por la fiscal Ana Caro, motivó una airada protesta de familiares y amigos de la víctima. Y en ese marco, la Defensoría, que “vela por los derechos de todos los ciudadanos, se suma al pedido de justicia y exige el esclarecimiento del caso”, sostuvo Honores.
“Además de reclamar que se aclare con urgencia la circunstancia que desencadenó la muerte del joven”, Honores advirtió que desde la Adjuntía en DDHH de la Defensoría del Pueblo de la Provincia “decimos basta a estas tragedias, que no hacen más que exponer un flagrante incumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con sus ciudadanos”.
A todo esto, la Defensoría del Pueblo bonaerense adhirió “en todos sus términos y alcances” a la querella institucional que presentó la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en el marco de la investigación penal por el “homicidio agravado” cometido por un miembro de la Policía.
En ese sentido, la presentación del Defensor del Pueblo requiere “celeridad al trámite del expediente” y “se evite incurrir en prácticas que pueden ser revictimizantes” para los allegados de la víctima.
Luciano Olivera era vecino de Miramar y en la madrugada de hoy fue detenido por un control policial en la plaza principal de la ciudad. En ese marco, el oficial de la Bonaerense, Maximiliano González, disparó su arma reglamentaria e impactó en el pecho del adolescente que falleció casi en el acto.