Al entender la importancia del resguardo de los derechos de los extranjeros que habitan en la Provincia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitió a la Defensoría del Pueblo bonaerense en la causa
Al entender la importancia del resguardo de los derechos de los extranjeros que habitan en la Provincia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitió a la Defensoría del Pueblo bonaerense en la causa que busca declarar inconstitucional el decreto del Ejecutivo nacional que modificó la Ley de Migraciones.
De esta forma, el organismo que conduce Guido Lorenzino quedó habilitado para representar a este grupo en una presentación judicial iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) contra la decisión del gobierno de hacer más fácil la expulsión de extranjeros que hayan cometido algún delito.
En este caso, la Justicia aceptó la participación de la Defensoría en este juicio respecto de las decisiones que afecten los derechos consagrados en la Constitución.
“Celebramos esta decisión, porque no sólo entiende la importancia de la Defensoría para tratar un tema tan sensible, sino que también avanza a favor de proteger las garantías básicas de los migrantes, que quedan seriamente dañadas con la aparición de este decreto”, sostuvo Lorenzino.
El DNU que rechaza la Defensoría junto a organizaciones sociales tiene como objetivo acelerar los procesos de deportación de aquellos extranjeros que involucrados delitos, lo que considera como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".
En ese sentido, el Defensor del Pueblo precisó que “desde que apareció esta resolución de la Nación tomamos el compromiso de que se revea, porque entendemos que choca contra los avances que se consiguieron respecto a la legislación migratoria, y además va en contra de normas votadas por las mayorías”.