La Defensoría del Pueblo bonaerense junto a asociaciones civiles vinculadas a la protección de las personas con discapacidad reclamó que se amplíe a todo el país una medida cautelar que exigió frenar la suspensión de las pensiones no contributivas que aplicó el gobierno nacional.
El organismo que conduce Guido Lorenzino hizo este pedido al Juzgado N°2 de Catamarca, quien había hecho lugar a un reclamo de la Defensoría del Pueblo de esa provincia para declarar nula la suspensión de pensiones hecha por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Esta medida judicial le exigía a la ANDIS que en veinticuatro horas restablezca la totalidad de las pensiones a las y los titulares y pague el importe de los haberes de pensión retenidos hasta la fecha, y que hasta que no haya sentencia definitiva se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones.
Es por eso que la Defensoría bonaerense busca que se amplíe el alcance de esta sentencia a las y los beneficiarios de todo el país a quienes les interrumpieron sus pensiones, teniendo en cuenta que además este caso en particular cobra relevancia porque se trata del primer juicio colectivo inscrito en la Corte Suprema de Justicia.
El reclamo de la Defensoría acompaña el pedido de las asociaciones civiles Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA); la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social (RALS); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos (MTDDH).
“Buscamos que se proteja el derecho a la salud, y en este caso, el acceso igualitario y en condiciones de equidad a los beneficios que ofrecen estas pensiones. Que este grupo tan vulnerable siga en esta situación es inadmisible y se necesita una solución urgente”, aseguró Lorenino.
El pedido de la Defensoría y las organizaciones para que se amplíe a todo el territorio argentino la sentencia de la justicia catamarqueña se apoya también en la ausencia de un Defensor del Pueblo nacional, lo que lo cual agrava la situación de indefensión de colectivos vulnerables.