La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al Ministerio de Economía de la Nación que deje sin efecto de forma inmediata la resolución con la que habilitó a que las y los adolescentes de 13 a 17 años puedan realizar algunas operaciones en el mercado de capitales.
Se trata de un pedido que el organismo que conduce Guido Lorenzino le hizo a la Comisión Nacional de Valores para que dé marcha atrás con esta iniciativa que permite hacer inversiones a las y los adolescentes con el permiso de sus padres, al entender que si no se profundiza la educación financiera esto supondría múltiples riesgos tanto para las y los jóvenes como para sus familias.
La Defensoría planteó que la falta de conocimientos adecuados, sumado a la incertidumbre propia del mercado financiero argentino, puedan convertir a esta medida en algo peligroso para las y los adolescentes, provocando que en algunos casos se produzcan conductas adictivas, y legitimando un modelo de economía que no se basa en el aprendizaje y el trabajo.
“Lo que queremos es que se proteja a las personas de menos de 17 años ya que representan un grupo muy vulnerable. Se debe hacer énfasis en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo ante el riesgo de este tipo de operaciones que pueden resultar impredecibles y generar pérdidas significativas si no se manejan con prudencia”, indicó Lorenzino.
El pedido también tiene en cuenta el contexto actual en que las apuestas y las inversiones rápidas están más al alcance de la mano que nunca, y la cada vez menor capacidad de padres y madres para supervisar las inversiones de sus hijos e hijas, ya que muchos también carecen del conocimiento financiero necesario para orientarlos adecuadamente.
El reclamo de la Defensoría se apoya a su vez en el programa integral de educación financiera dirigido a estudiantes de nivel secundario que el organismo realiza desde 2023. A partir de este trabajo se pudo constatar que un 90% de las y los participantes desconocían elementos básicos del mundo financiero, como las tasas de interés, herramientas para protegerse de la inflación, y opciones de inversión para proteger sus ahorros, entre otros.
“Esto nos da la pauta que la poca capacitación en educación financiera existente en este segmento poblacional provoca que esta medida implementada por el gobierno nacional sea totalmente preocupante”, puntualizó Lorenzino.
La Defensoría planteó que la falta de conocimientos adecuados, sumado a la incertidumbre propia del mercado financiero argentino, puedan convertir a esta medida en algo peligroso para las y los adolescentes, provocando que en algunos casos se produzcan conductas adictivas, y legitimando un modelo de economía que no se basa en el aprendizaje y el trabajo.
“Lo que queremos es que se proteja a las personas de menos de 17 años ya que representan un grupo muy vulnerable. Se debe hacer énfasis en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo ante el riesgo de este tipo de operaciones que pueden resultar impredecibles y generar pérdidas significativas si no se manejan con prudencia”, indicó Lorenzino.
El pedido también tiene en cuenta el contexto actual en que las apuestas y las inversiones rápidas están más al alcance de la mano que nunca, y la cada vez menor capacidad de padres y madres para supervisar las inversiones de sus hijos e hijas, ya que muchos también carecen del conocimiento financiero necesario para orientarlos adecuadamente.
El reclamo de la Defensoría se apoya a su vez en el programa integral de educación financiera dirigido a estudiantes de nivel secundario que el organismo realiza desde 2023. A partir de este trabajo se pudo constatar que un 90% de las y los participantes desconocían elementos básicos del mundo financiero, como las tasas de interés, herramientas para protegerse de la inflación, y opciones de inversión para proteger sus ahorros, entre otros.
“Esto nos da la pauta que la poca capacitación en educación financiera existente en este segmento poblacional provoca que esta medida implementada por el gobierno nacional sea totalmente preocupante”, puntualizó Lorenzino.
La Defensoría además notificó esta resolución al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, y a los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.