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La Defensoría del Pueblo bonaerense participó de la presentación del informe del primer año de gestión de la Submesa de Personas Trans Prisionalizadas, que mostró las características, la realidad y las demandas de este colectivo en las cárceles de la Provincia.
Se trata de un trabajo que el organismo que conduce Guido Lorenzino lleva adelante junto a la Suprema Corte de la Provincia; el Ministerio de Justicia y el de Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerenses; el Inadi, la Defensoría de Casación, la Universidad Nacional de La Plata y la Dirección Nacional de Migraciones.
El trabajo de la Submesa apunta a llevar adelante gestiones para agilizar el acceso a la justicia, el ejercicio de derechos como la identidad, la salud y el sostenimiento de los vínculos de este grupo particularmente vulnerado.
“Hemos dado pasos muy profundos que cambian el paradigma sobre cómo vemos a estas personas. Hay que romper las barreras y las limitaciones que tiene el Estado con los colectivos más discriminados, tender puentes de diálogo porque somos parte de la misma lucha”, sostuvo Lorenzino durante la presentación.
En esa línea, indicó que “es hora de empezar a garantizar derechos a quienes están en situaciones de encierro y priorizar a estos colectivos que son los más golpeados. Más allá de los derechos consagrados, de las conquistas, hay que empezar a construir con los y las que están pasando mal en situaciones de encierro”.
Con este primer informe, la Submesa buscó caracterizar a la población trans prisionalizada y realizar un diagnóstico acerca de sus condiciones de alojamiento. Para ello, se llevaron adelante encuentros con autoridades del Servicio Penitenciario para recabar información y se entrevistó a estas personas alojadas en dependencias del SPB.
Gracias a este relevamiento se pudo hacer un muestreo estadístico sobre los datos etarios y geográficos, el estado de la documentación y la adecuación de sus DNI de acuerdo a la identidad autopercibida, el estado de salud, los tratamientos de hormonización, el nivel de estudios, las causas penales por las que cumplen penas, los antecedentes que tienen, entre otros elementos relacionados a este colectivo.
Descargar informe AQUÍ
El trabajo de la Submesa apunta a llevar adelante gestiones para agilizar el acceso a la justicia, el ejercicio de derechos como la identidad, la salud y el sostenimiento de los vínculos de este grupo particularmente vulnerado.
“Hemos dado pasos muy profundos que cambian el paradigma sobre cómo vemos a estas personas. Hay que romper las barreras y las limitaciones que tiene el Estado con los colectivos más discriminados, tender puentes de diálogo porque somos parte de la misma lucha”, sostuvo Lorenzino durante la presentación.
En esa línea, indicó que “es hora de empezar a garantizar derechos a quienes están en situaciones de encierro y priorizar a estos colectivos que son los más golpeados. Más allá de los derechos consagrados, de las conquistas, hay que empezar a construir con los y las que están pasando mal en situaciones de encierro”.
Con este primer informe, la Submesa buscó caracterizar a la población trans prisionalizada y realizar un diagnóstico acerca de sus condiciones de alojamiento. Para ello, se llevaron adelante encuentros con autoridades del Servicio Penitenciario para recabar información y se entrevistó a estas personas alojadas en dependencias del SPB.
Gracias a este relevamiento se pudo hacer un muestreo estadístico sobre los datos etarios y geográficos, el estado de la documentación y la adecuación de sus DNI de acuerdo a la identidad autopercibida, el estado de salud, los tratamientos de hormonización, el nivel de estudios, las causas penales por las que cumplen penas, los antecedentes que tienen, entre otros elementos relacionados a este colectivo.
Descargar informe AQUÍ