La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en su rol dentro de la Mesa Interministerial de Migraciones, acompañó a la familia de Juan Pedro Martínez Piedrahita, migrante uruguayo expulsado del país en una medida ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones en el marco de las recientes modificaciones a la normativa migratoria.
Tras la expulsión, la familia —la esposa y sus tres hijos argentinos— quedó en la Argentina y sufrió la suspensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde la Defensoría solicitamos la intervención de ANSES y logramos que la asignación fuera restituida, lo que permitió recomponer un ingreso esencial para el sostenimiento de la familia.
Antecedentes y contexto
El señor Martínez Piedrahita, quien vivía en Argentina desde hace casi dos décadas, fue detenido y luego expulsado a Uruguay a mediados de julio de 2025, en una medida que se enmarca en las modificaciones introducidas por decreto a la ley de migraciones.
La medida se ejecutó sin que el detenido pudiera comunicarse con su familia durante los días previos, y su situación puso de manifiesto las consecuencias sociales y humanas de las nuevas directivas administrativas en materia migratoria.
Actuación de la Defensoría
Desde la Defensoría del Pueblo actuamos de oficio y en coordinación con la Mesa Interministerial de Migraciones para asistir a la familia —tanto en la protección de derechos fundamentales como en la articulación con organismos nacionales—.
A partir del seguimiento del caso y de un pedido formal de intervención presentado ante ANSES, se consiguió que el organismo nacional determinara la restitución de la AUH, beneficio que constituía el único ingreso regular de la familia tras la expulsión del sostén principal. Esta gestión fue prioritaria para evitar el desamparo económico inmediato de los niños y niñas.
La Defensoría reitera su compromiso con la protección de la unidad familiar y con el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Si bien las autoridades competentes deben aplicar las normas vigentes, ello no exonera a los organismos estatales de garantizar procedimientos respetuosos del debido proceso, de las garantías de defensa y del efectivo control del interés superior del niño en todos los casos que involucren vínculos familiares en el país. Las políticas migratorias deben diseñarse e implementarse con criterios que eviten la fragmentación de familias y la profundización de situaciones de vulnerabilidad.