La Defensoría elaboró una guía en el marco del Día de la Memoria por la verdad y la justicia

“Por un 24 de marzo sin negacionismo”, se denomina la guía elaborada por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Destinada a NNyA en edad escola apunta a poner en cuestionamiento aquellos actos que buscan negar, relativizar o trivializar el terrorismo de Estado y/o los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar.En este sentido, Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Derechos de NNyA, mencionó que , “nuestro objetivo es contribuir a consolidar los postulados de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Entendemos que no puede haber lugar para los negacionistas que, a 45 años del golpe genocida, aún insisten con rechazar que en nuestro país existió un plan sistemático de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y apropiación de bebés”.El término negacionismo surgió para rechazar que haya existido un genocidio perpetrado por los nazis a la población judía y otras minorías durante la Segunda Guerra Mundial; y luego se extendió a otros genocidios como el ocurrido durante última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina (1976-1983). “Son comportamientos y discursos que niegan, al menos parcialmente, la realidad de ciertos sucesos históricos percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, explicó Martello.Además, remarcó que la guía informativa también hace hincapié en reforzar algunos conceptos que resultan claves para entender lo que sucedió durante la etapa histórica más oscura de nuestro país. En ese sentido, el material realizado por el Observatorio explica en forma breve y concisa por qué debemos hablar de dictadura cívico-militar, qué es el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad; y se pone énfasis en la obligación indelegable que tiene el Estado de garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia.

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