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La Defensoría del Pueblo bonaerense expresó su preocupación por el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, al reconocer que significa un retroceso en materia de derechos humanos.
La postura del organismo que conduce Guido Lorenzino se basa en que la iniciativa, entre distintos puntos, estigmatiza de manera generalizada al colectivo de personas con discapacidad, por ejemplo, al usar la palabra “fraude”.
Además, considera que restringe el acceso a las pensiones, ya que elimina la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, volviendo al paradigma de la incapacidad laboral como único requisito.
También, porque desconoce el derecho al trabajo que poseen las personas con discapacidad, restableciendo la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal, y que facilita las suspensiones preventivas de los beneficios sin procedimientos claros.
A su vez, que con el proyecto se pone en riesgo el Sistema de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901, abandonando el criterio de valores universales, y se trasladan responsabilidades sin garantizar el financiamiento.
En este contexto, la Defensoría ratifica su compromiso para con los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuentan con jerarquía constitucional, y recuerda el compromiso asumido por el Estado para garantizar el pleno goce de sus derechos.