Analizar las políticas de salud penitenciaria y las modalidades de trabajo de los equipos de profesionales de salud intervinientes en las Unidades 10, 34, y 45, fue el eje de la reunión que mantuvo el secretario de Atención y Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo, Guillermo Gentile, con el director de Salud Mental
Analizar las políticas de salud penitenciaria y las modalidades de trabajo de los equipos de profesionales de salud intervinientes en las Unidades 10, 34, y 45, fue el eje de la reunión que mantuvo el secretario de Atención y Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo, Guillermo Gentile, con el director de Salud Mental y Adicciones provincial, Juan Pablo Scarpinelli.
Durante la reunión, Gentile hizo un repaso de las misiones y funciones de la Defensoría y manifestó la necesidad de monitorear permanentemente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en centros cerrados, tales como unidades penales, comisarías, centros de menores en conflicto con la ley penal y neuropsiquiátricos.
En este contexto, Gentile explicó la función del Órgano de Revisión Local de la Ley de Salud Mental, que encabeza el secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores.
Ambos funcionarios expusieron conflictos entre Juzgados Penales y Juzgados de Familia en torno al cese de las medidas de seguridad y advirtieron el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que han sido declaradas inimputables, con nulas posibilidades de acceder al sistema de salud fuera del régimen carcelario.
Por último, se acordó la necesidad inmediata de poner en agenda la temática de salud mental penitenciaria y proponer acciones en conjunto.
Estuvieron presentes en la reunión, Fernando Javier Salvioli, del Equipo Técnico de la dirección de Salud Mental y Adicciones provincial; Mariel Sánchez y Ana Moreira, de la dirección de Salud Penitenciara provincial; Matías Surigaray, responsable del área de Políticas Penitenciarias de la Defensoría del Pueblo y Alice Sarachu, integrante del equipo técnico del Área de Niñez y Adolescencia.
Durante la reunión, Gentile hizo un repaso de las misiones y funciones de la Defensoría y manifestó la necesidad de monitorear permanentemente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en centros cerrados, tales como unidades penales, comisarías, centros de menores en conflicto con la ley penal y neuropsiquiátricos.
En este contexto, Gentile explicó la función del Órgano de Revisión Local de la Ley de Salud Mental, que encabeza el secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores.
Ambos funcionarios expusieron conflictos entre Juzgados Penales y Juzgados de Familia en torno al cese de las medidas de seguridad y advirtieron el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que han sido declaradas inimputables, con nulas posibilidades de acceder al sistema de salud fuera del régimen carcelario.
Por último, se acordó la necesidad inmediata de poner en agenda la temática de salud mental penitenciaria y proponer acciones en conjunto.
Estuvieron presentes en la reunión, Fernando Javier Salvioli, del Equipo Técnico de la dirección de Salud Mental y Adicciones provincial; Mariel Sánchez y Ana Moreira, de la dirección de Salud Penitenciara provincial; Matías Surigaray, responsable del área de Políticas Penitenciarias de la Defensoría del Pueblo y Alice Sarachu, integrante del equipo técnico del Área de Niñez y Adolescencia.