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La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un estudio sobre diferentes acciones y programas relacionados a la construcción de las nuevas masculinidades que llevan adelante cinco organismos del Estado en la Provincia, con el objetivo de analizar el alcance actual de estas políticas públicas y contribuir en su actualización y fortalecimiento.
El trabajo, realizado por la secretaría de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del organismo que conduce Guido Lorenzino, estudió cómo abordan actualmente esta materia el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; el de Trabajo; el de Salud; y el Patronato de Liberados de la Provincia, además del Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación (INADI).
Este trabajo se hizo en el marco del monitoreo de la ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que estableció la necesidad de crear políticas públicas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
Mediante una serie de entrevistas a autoridades de estos organismos se analizaron datos vinculados a la descripción de las políticas, los programas, proyectos, dispositivos o acciones de intervención, problemas a solucionar, objetivos, destinatarios y destinatarias, actividades, recursos humanos con los que se cuenta y materiales disponibles para llevarlas adelante. También, el alcance territorial de las políticas públicas, el tiempo de implementación y la proyección a futuro de las mismas.
El relevamiento permitió conocer el accionar -tanto en la asistencia como en la prevención de violencias-, el grado de compromiso y los obstáculos que presentan los organismos públicos provinciales luego de una década de sanción de la ley.
Se observó que más allá de los intentos que se realizan desde las áreas, los dispositivos y programas que abordan la problemática, ésta no es unidimensional y está atravesada por la construcción social, discursiva y subjetiva.Por eso, la Defensoría recomendó trabajar en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para evitar recaer en la fragmentación de miradas de disciplinas u organismos, y avanzar hacia un abordaje integral que permita proyectar una estrategia con un impacto a largo plazo.
También, destinar más recursos económicos que permitan fortalecer a los equipos de trabajo, evaluar las políticas aplicadas y diseñar nuevamente las mismas en función de esta evaluación.Otra de las recomendaciones es pensar cuál puede ser el destino para las personas con psicopatías o las que no se reconocen en ejercicio de la violencia, entre otros perfiles, que no son admitidos en los espacios tradicionales de atención.
Por último, la Defensoría propuso mantener la capacidad de revisión crítica y permanente respecto del ejercicio de la política relacionada a las nuevas masculinidades, y preservar la potencia transformadora que alguna vez, como propuesta innovadora, posibilitó la creación de estos dispositivos.
Descargar el informe cliqueando ACÁ
Este trabajo se hizo en el marco del monitoreo de la ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que estableció la necesidad de crear políticas públicas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
Mediante una serie de entrevistas a autoridades de estos organismos se analizaron datos vinculados a la descripción de las políticas, los programas, proyectos, dispositivos o acciones de intervención, problemas a solucionar, objetivos, destinatarios y destinatarias, actividades, recursos humanos con los que se cuenta y materiales disponibles para llevarlas adelante. También, el alcance territorial de las políticas públicas, el tiempo de implementación y la proyección a futuro de las mismas.
El relevamiento permitió conocer el accionar -tanto en la asistencia como en la prevención de violencias-, el grado de compromiso y los obstáculos que presentan los organismos públicos provinciales luego de una década de sanción de la ley.
Se observó que más allá de los intentos que se realizan desde las áreas, los dispositivos y programas que abordan la problemática, ésta no es unidimensional y está atravesada por la construcción social, discursiva y subjetiva.Por eso, la Defensoría recomendó trabajar en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para evitar recaer en la fragmentación de miradas de disciplinas u organismos, y avanzar hacia un abordaje integral que permita proyectar una estrategia con un impacto a largo plazo.
También, destinar más recursos económicos que permitan fortalecer a los equipos de trabajo, evaluar las políticas aplicadas y diseñar nuevamente las mismas en función de esta evaluación.Otra de las recomendaciones es pensar cuál puede ser el destino para las personas con psicopatías o las que no se reconocen en ejercicio de la violencia, entre otros perfiles, que no son admitidos en los espacios tradicionales de atención.
Por último, la Defensoría propuso mantener la capacidad de revisión crítica y permanente respecto del ejercicio de la política relacionada a las nuevas masculinidades, y preservar la potencia transformadora que alguna vez, como propuesta innovadora, posibilitó la creación de estos dispositivos.
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