Honores y Alak avanzan con el plan de mediación comunitaria

14 de julio de 2015 |

Los avances alcanzados en la participación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en los programas de mediación comunitaria que despliega el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, analizaron hoy los titulares de las dos instituciones, Marcelo Honores y Julio Alak, durante un encuentro que se celebró

Los avances alcanzados en la participación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en los programas de mediación comunitaria que despliega el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, analizaron hoy los titulares de las dos instituciones, Marcelo Honores y Julio Alak, durante un encuentro que se celebró en la sede de la cartera nacional.
 
Honores, Alak y el jefe de Gabinete de la secretaría de Justicia, Fernando Valsangiacomo, conversaron sobre la conformación de la red que posibilita, entre otras cosas, generar canales de comunicación permanente entre los diferentes Centros de Mediación de la República Argentina, con información actualizada sobre la aplicación y avances de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el marco de la Red Federal de Mediaciones Comunitarias.
 
La Defensoría y Justicia ya cuentan con un acuerdo vigente, a través del cual se promueve el acceso igualitario a la justicia de los ciudadanos bonaerenses, al operar la cartera nacional como nexo institucional entre los vecinos y la Defensoría.
 
De esa manera se llevan a cabo tareas de coordinación de acciones de los recursos técnicos, humanos y de infraestructura, a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que el ministerio tiene distribuidos en la Provincia.
 
Honores señaló que “el desafío del trabajo conjunto pasa por generar nuevas herramientas e instrumentos, que contribuyan a resolver los conflictos que se le plantean a los ciudadanos bonaerenses”.
 
Alak concluyó que los CAJ actúan como “activadores de derechos”, y consideró que esas oficinas constituyen “un modelo útil y eficiente para garantizar el acceso de los ciudadanos a todas sus prerrogativas”.