“Entender el acceso al hábitat como una cuestión que excede las necesidades básicas insatisfechas, e incluye cuestiones que hacen a la seguridad, la accesibilidad y el carácter social de los espacios públicos para el desarrollo de una vida digna, nos permitirá diagnosticar y actuar sobre las dificultades y vulneraciones de derechos que surgen
“Entender el acceso al hábitat como una cuestión que excede las necesidades básicas insatisfechas, e incluye cuestiones que hacen a la seguridad, la accesibilidad y el carácter social de los espacios públicos para el desarrollo de una vida digna, nos permitirá diagnosticar y actuar sobre las dificultades y vulneraciones de derechos que surgen de la vida en la ciudad”, sostuvo el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores, en la apertura del seminario “Los nuevos desafíos para las instituciones defensoras de los derechos humanos”, en el marco de la VII asamblea general del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), que se celebró en la ciudad de Buenos Aires.
Honores compartió la inauguración del encuentro con el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Adrián Pérez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el presidente del ILO, Carlos Constenla; los defensores del Pueblo del Paraguay, Manuel Paez Monges y de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor y el Defensor del Turista de esa metrópoli, José Palmiotti.
Al avanzar en su mensaje, Honores reveló que aproximadamente el 80% de las personas que viven en América Latina habitan en ciudades y detalló que “cerca de 111 millones están radicados en asentamientos informales, lo que ubica a la exclusión urbana como una problemática que exige una urgente resolución”.
“En la Argentina la concentración en centros urbanos es aún mayor que en Latinoamérica: un 89,4% de la población vive en ciudades”, amplió Honores, al tiempo que subrayó que “durante los últimos años se asistió a un marcado aumento de los asentamientos”.
El titular de la Defensoría bonaerense puntualizó que en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “hay alrededor de 820 asentamientos irregulares donde habitan más de un millón de personas”. Y en ese sentido, sostuvo que esta forma de crecimiento poblacional “no se da sólo en Capital Federal y el Conurbano: la informalidad, como desarrollo y crecimiento de las ciudades se reproduce en las principales áreas metropolitanas del país”.
“Nos encontramos así con ciudades multiculturales, multifacéticas, con distintas formas de apropiación y habitabilidad de la superficie urbana, y sobre todo, desiguales. Por eso debemos intervenir desde una perspectivas de derechos, porque son espacios que dejan en evidencia las injusticias de la estructura económico y social y reflejan el fracaso de las políticas públicas en la materia”, consideró.
El Defensor destacó el “valioso criterio del derecho a la ciudad” y dijo que “debemos trascender las políticas de acceso a la tierra y garantizar el acceso al suelo urbanizado”, lo que en la práctica implica además de una vivienda, otras condiciones como el “acceso al transporte, a los servicios básicos - y no básicos, como Internet-, alumbrado, recolección de residuos, cercanía de escuelas, trabajo y seguridad”, concluyó.
Honores compartió la inauguración del encuentro con el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Adrián Pérez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el presidente del ILO, Carlos Constenla; los defensores del Pueblo del Paraguay, Manuel Paez Monges y de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor y el Defensor del Turista de esa metrópoli, José Palmiotti.
Al avanzar en su mensaje, Honores reveló que aproximadamente el 80% de las personas que viven en América Latina habitan en ciudades y detalló que “cerca de 111 millones están radicados en asentamientos informales, lo que ubica a la exclusión urbana como una problemática que exige una urgente resolución”.
“En la Argentina la concentración en centros urbanos es aún mayor que en Latinoamérica: un 89,4% de la población vive en ciudades”, amplió Honores, al tiempo que subrayó que “durante los últimos años se asistió a un marcado aumento de los asentamientos”.
El titular de la Defensoría bonaerense puntualizó que en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “hay alrededor de 820 asentamientos irregulares donde habitan más de un millón de personas”. Y en ese sentido, sostuvo que esta forma de crecimiento poblacional “no se da sólo en Capital Federal y el Conurbano: la informalidad, como desarrollo y crecimiento de las ciudades se reproduce en las principales áreas metropolitanas del país”.
“Nos encontramos así con ciudades multiculturales, multifacéticas, con distintas formas de apropiación y habitabilidad de la superficie urbana, y sobre todo, desiguales. Por eso debemos intervenir desde una perspectivas de derechos, porque son espacios que dejan en evidencia las injusticias de la estructura económico y social y reflejan el fracaso de las políticas públicas en la materia”, consideró.
El Defensor destacó el “valioso criterio del derecho a la ciudad” y dijo que “debemos trascender las políticas de acceso a la tierra y garantizar el acceso al suelo urbanizado”, lo que en la práctica implica además de una vivienda, otras condiciones como el “acceso al transporte, a los servicios básicos - y no básicos, como Internet-, alumbrado, recolección de residuos, cercanía de escuelas, trabajo y seguridad”, concluyó.