Informe de la Dir. de Políticas de igualdad y el área de Adultos Mayores
El envejecimiento poblacional constituye una transformación demográfica que se observa tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso se encuentra asociado, entre otros factores, al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida.
En Argentina, las personas de 60 años y más representan el 16,2% de la población, mientras que en la Provincia de Buenos Aires este porcentaje asciende al 16,5% (INDEC, 2025). Este escenario plantea la necesidad de abordar la vejez desde una perspectiva de derechos y de género, considerando que las condiciones en las que se transita esta etapa se encuentran estrechamente vinculadas con las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida.
La vejez no constituye una experiencia homogénea. Las trayectorias laborales, los ingresos, el acceso a la seguridad social, las tareas de cuidado y las condiciones materiales de vida presentan diferencias asociadas al género que pueden profundizarse durante esta etapa.
Pobreza, ingresos y acceso a medicamentos
Las condiciones económicas representan una dimensión central para analizar el ejercicio de derechos durante la vejez. En Argentina, durante el primer semestre de 2026, el 14,8% de las personas de 65 años y más se encontraba por debajo de la línea de pobreza, frente al 9,7% registrado en 2025 (INDEC, 2026 e INDEC, 2025).
Dentro de las dificultades vinculadas con los ingresos se suman los obstáculos para acceder a bienes y servicios esenciales, entre ellos los medicamentos. Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la cobertura promedio de medicamentos para las personas afiliadas disminuyó 10,8 puntos porcentuales entre 2023 y principios de 2025, pasando del 85,7% al 74,9% (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2025).
Asimismo, un informe del Centro de Economía Política Argentina señala que, entre fines de 2023 y fines de 2024, los medicamentos más consumidos por las personas mayores registraron un incremento del 210,7% (Centro de Economía Política Argentina [CEPA], 2024).
Estos datos permiten advertir cómo la insuficiencia de ingresos puede incidir en la posibilidad de afrontar gastos vinculados con la salud y, en consecuencia, en el ejercicio efectivo del derecho a una vida digna y al acceso a la salud.
Endeudamiento en hogares sostenidos por personas jubiladas
Los resultados de la encuesta Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género, realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, también permiten dar cuenta de las características de los hogares con personas jubiladas como sostén.
Del total de hogares relevados, el 13,5% tiene como principal sostén a una persona jubilada. En estos hogares, el 63,5% de quienes ocupan ese rol son mujeres. A su vez, casi la mitad de estas personas —el 47,9%— trabaja actualmente (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 2026).
La persistencia del endeudamiento también resulta significativa: el 69% de los hogares relevados mantiene deudas y, entre los hogares endeudados, 9 de cada 10 manifiestan dificultades para afrontar sus compromisos de pago. Los gastos vinculados con la salud se encuentran entre los principales motivos de endeudamiento.
El endeudamiento, en este contexto, no puede analizarse únicamente como una decisión financiera individual. Las dificultades para sostener los gastos cotidianos, acceder a bienes y servicios esenciales y afrontar los costos asociados a la salud pueden generar estrategias de financiamiento que comprometen los ingresos presentes y futuros de los hogares.
Una vejez atravesada por desigualdades de género
El envejecimiento poblacional presenta, además, una marcada dimensión de género. A medida que aumenta la edad, se incrementa la proporción de mujeres dentro de la población mayor. Esta feminización de la vejez se vuelve especialmente visible entre las personas de 75 años y más (INDEC, 2025).
Sin embargo, vivir más años no implica necesariamente hacerlo en igualdad de condiciones. Las desigualdades construidas durante las trayectorias laborales, económicas y familiares pueden continuar expresándose durante la vejez.
Una de las dimensiones en las que estas diferencias resultan visibles es el acceso a la jubilación. Según datos del INDEC, el acceso a la jubilación mediante aportes laborales alcanza al 80,3% de los varones y al 59,6% de las mujeres. En sentido inverso, la proporción de mujeres que accedió a la jubilación mediante moratoria duplica a la de los varones: 36% frente a 16% (INDEC, 2025).
Asimismo, los ingresos jubilatorios presentan una brecha de género. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, por cada $100 que percibe un varón por su jubilación, una mujer percibe, en promedio, $73 (INDEC, 2024).
Estas diferencias se encuentran relacionadas con trayectorias laborales caracterizadas, en mayor medida para las mujeres, por interrupciones, informalidad y una mayor participación en tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.
La persistencia de las tareas domésticas y de cuidados
Las desigualdades de género también se expresan en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados durante la vejez.
Según el INDEC (2025), el 93,4% de las mujeres de 60 años y más realiza trabajo doméstico no remunerado, frente al 88,9% de los varones. Si bien la participación en tareas de cuidado disminuye en este grupo etario respecto de otros grupos de edad, la brecha de género persiste: alcanza al 12% entre las mujeres y al 8,6% entre los varones.
Estos datos muestran que la edad no elimina las desigualdades asociadas a la división sexual del trabajo. Por el contrario, algunas de ellas pueden continuar presentes durante la vejez y condicionar el tiempo disponible, la autonomía y las posibilidades de participación económica y social.
Envejecer con derechos y perspectiva de género
Analizar las condiciones de vida durante la vejez desde una perspectiva de género permite reconocer que las desigualdades no comienzan en esta etapa, sino que son el resultado de procesos acumulativos que atraviesan las trayectorias laborales, económicas, familiares y de cuidados.
En este sentido, garantizar una vejez digna requiere considerar el derecho a la autonomía económica, a la salud, a la vivienda y a condiciones adecuadas de vida, así como las condiciones materiales necesarias para ejercer efectivamente esos derechos.
Incorporar una perspectiva de género permite visibilizar las diferencias que atraviesan las experiencias de las personas mayores y contribuir al diseño de políticas y estrategias que contemplen estas desigualdades, promoviendo condiciones de mayor autonomía, igualdad y protección de derechos.
Fuentes
- Centro de Economía Política Argentina (CEPA). (2024, 2 de diciembre). Informe sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina: Diciembre 2024 (Informe CEPA N º 424).
- Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. (2026). Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género. - Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2025). Informe Nº 142. Datos aportados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2024). Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Dirección de Estadísticas Sectoriales.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2025). Dossier de personas mayores 2025. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2026). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos: Primer semestre de 2026.