Las graves dificultades que existen para que se cumplan las medidas de protección a las mujeres que denuncian episodios de violencia de género, denunció la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ante el nuevo caso de femicidio que conmueve a la sociedad, del que fue víctima en las últimas horas María Belén Morán, en
Las graves dificultades que existen para que se cumplan las medidas de protección a las mujeres que denuncian episodios de violencia de género, denunció la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ante el nuevo caso de femicidio que conmueve a la sociedad, del que fue víctima en las últimas horas María Belén Morán, en Manzanares, partido de Pilar.
En ese contexto, la Defensoría, a través de su Observatorio de Violencia de Género (OVG), promueve y requerirá un encuentro con el ministerio de Seguridad bonaerense, con la intención de presentar un diagnóstico y debatir sobre los inconvenientes que padecen las mujeres cuando requieren el resguardo del Estado.
Entre los puntos más relevantes del diagnóstico elaborado por el OVG, que forma parte de un avance del Informe 2015, se advierten condiciones inapropiadas para la recepción de las denuncias por violencia contra las mujeres en sede policial.
A pesar de la creación de instancias especializadas, como las comisarías de la mujer y la familia, esas dependencias siguen sin tener el personal especializado y los recursos económicos necesarios para funcionar efectivamente. Estas carencias, de recursos humanos, financieros y técnicos, afectan gravemente la investigación, el juzgamiento y la sanción de casos de violencia contra las mujeres.
La falta de recursos humanos disponibles acarrea, además, demoras en la recepción de las denuncias.
En reclamos recibidos por el OVG, se manifiesta que las comisarías de la mujer de varias localidades habrían limitado sus horarios de atención nocturna debido a una reducción de personal.
Estas situaciones someten a las víctimas a iniciar un derrotero que las lleva a tener que trasladarse de una comisaría a otra, o deambular por distintas dependencias públicas para obtener medidas de protección.
También se observa una desarticulación entre distintas dependencias del área de Seguridad, frente al incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Justicia.
Por ejemplo, ante una medida que no se respeta - prohibición de acercamiento o exclusión del hogar- las fuerzas de seguridad no responden con la inmediatez que estos casos requieren.
El OVG relevó que frente al incumplimiento de las medidas de protección, a las mujeres que llamaron al 911 se les informa que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Esta demora provoca que cuando finalmente la Policía llega al domicilio de la mujer, el agresor ya se retiró, habiendo concretado en muchos casos, nuevos hechos de violencia. Y de ese modo, se dificulta su aprehensión.
Lo mismo ocurre con los llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a nuevas amenazas de los agresores: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para trasladarse al lugar de los hechos.
Articulación Policía-Justicia
Por otra parte, resulta ineficiente la articulación entre la policía que recibe la denuncia y el Poder Judicial que luego interviene en las decisiones que se adoptarán frente a la protección, investigación y sanción de los hechos de violencia.
Ello se evidencia especialmente en las dificultades advertidas al momento de coordinar pautas para la notificación de las medidas de protección y en las formas de proceder ante los incumplimientos. Es la propia denunciante la que debe llevar las notificaciones de una medida de protección a la comisaría del domicilio del denunciado y a la sede policial donde se encuentra el domicilio de su residencia.
Ante casos de alto riesgo y frente a la orden judicial de establecer un rondín policial, en muchas ocasiones no se hacen o la frecuencia es menor a la ordenada. Por ejemplo, casos en que el rondín policial debía pasar 5 veces por día frente a la casa de una víctima, lo hacía solo 3 veces en toda la semana.
Con frecuencia las víctimas y sus familiares reciben maltrato de parte del personal policial. Desconfían de su palabra, a pesar de estar prohibido por la legislación, y la instan a mediar o a reconciliarse con el agresor.
Las dificultades señaladas, promueven nuevas instancias de revictimización para las mujeres, al mismo tiempo que propician la sensación de impunidad en los agresores y la desprotección de las víctimas, concluye el anticipo del informe 2015 del OVG de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
En ese contexto, la Defensoría, a través de su Observatorio de Violencia de Género (OVG), promueve y requerirá un encuentro con el ministerio de Seguridad bonaerense, con la intención de presentar un diagnóstico y debatir sobre los inconvenientes que padecen las mujeres cuando requieren el resguardo del Estado.
Entre los puntos más relevantes del diagnóstico elaborado por el OVG, que forma parte de un avance del Informe 2015, se advierten condiciones inapropiadas para la recepción de las denuncias por violencia contra las mujeres en sede policial.
A pesar de la creación de instancias especializadas, como las comisarías de la mujer y la familia, esas dependencias siguen sin tener el personal especializado y los recursos económicos necesarios para funcionar efectivamente. Estas carencias, de recursos humanos, financieros y técnicos, afectan gravemente la investigación, el juzgamiento y la sanción de casos de violencia contra las mujeres.
La falta de recursos humanos disponibles acarrea, además, demoras en la recepción de las denuncias.
En reclamos recibidos por el OVG, se manifiesta que las comisarías de la mujer de varias localidades habrían limitado sus horarios de atención nocturna debido a una reducción de personal.
Estas situaciones someten a las víctimas a iniciar un derrotero que las lleva a tener que trasladarse de una comisaría a otra, o deambular por distintas dependencias públicas para obtener medidas de protección.
También se observa una desarticulación entre distintas dependencias del área de Seguridad, frente al incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Justicia.
Por ejemplo, ante una medida que no se respeta - prohibición de acercamiento o exclusión del hogar- las fuerzas de seguridad no responden con la inmediatez que estos casos requieren.
El OVG relevó que frente al incumplimiento de las medidas de protección, a las mujeres que llamaron al 911 se les informa que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Esta demora provoca que cuando finalmente la Policía llega al domicilio de la mujer, el agresor ya se retiró, habiendo concretado en muchos casos, nuevos hechos de violencia. Y de ese modo, se dificulta su aprehensión.
Lo mismo ocurre con los llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a nuevas amenazas de los agresores: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para trasladarse al lugar de los hechos.
Articulación Policía-Justicia
Por otra parte, resulta ineficiente la articulación entre la policía que recibe la denuncia y el Poder Judicial que luego interviene en las decisiones que se adoptarán frente a la protección, investigación y sanción de los hechos de violencia.
Ello se evidencia especialmente en las dificultades advertidas al momento de coordinar pautas para la notificación de las medidas de protección y en las formas de proceder ante los incumplimientos. Es la propia denunciante la que debe llevar las notificaciones de una medida de protección a la comisaría del domicilio del denunciado y a la sede policial donde se encuentra el domicilio de su residencia.
Ante casos de alto riesgo y frente a la orden judicial de establecer un rondín policial, en muchas ocasiones no se hacen o la frecuencia es menor a la ordenada. Por ejemplo, casos en que el rondín policial debía pasar 5 veces por día frente a la casa de una víctima, lo hacía solo 3 veces en toda la semana.
Con frecuencia las víctimas y sus familiares reciben maltrato de parte del personal policial. Desconfían de su palabra, a pesar de estar prohibido por la legislación, y la instan a mediar o a reconciliarse con el agresor.
Las dificultades señaladas, promueven nuevas instancias de revictimización para las mujeres, al mismo tiempo que propician la sensación de impunidad en los agresores y la desprotección de las víctimas, concluye el anticipo del informe 2015 del OVG de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.