Ante las recientes detenciones de personas trans y travestis en La Plata y los reclamos sobre la relocalización de la llamada "zona roja", el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires exigió que se respeten los derechos de estas personas durante los procedimientos policiales
Ante las recientes detenciones de personas trans y travestis en La Plata y los reclamos sobre la relocalización de la llamada "zona roja", el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires exigió que se respeten los derechos de estas personas durante los procedimientos policiales y judiciales, el cumplimento de la ley de cupos trans y la ampliación de políticas públicas dirigidas al colectivo.
Además de manifestarse en contra de cualquier forma de control social que continúe exponiendo a los trans y travestis a situaciones de extrema vulnerabilidad, el OVG entiende que el traslado de la "zona roja" no modifica las condiciones y tampoco contribuye a investigar las supuestas redes de narcotráfico que justifican públicamente el accionar policial.
Además, el OVG señaló que a partir de los compromisos legislativos asumidos por el Estado argentino y la responsabilidad internacional que puede acarrear su incumpliendo, existe la obligación de suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución, y abstenerse de regular la existencia de lugares donde se ejerza esa práctica.
Por otra parte, el Observatorio remarcó que es una obligación de los funcionarios judiciales y policiales garantizar el respeto de los derechos humanos durante los procedimientos. En ese punto, señaló que las requisas policiales no pueden llevarse adelante con tratos vejatorios y denigrantes y debe respetarse la identidad de género de las personas trans y travestis.
Finalmente, el OVG volvió a solicitar políticas públicas inclusivas para este colectivo y, en esa línea, reclamó el cumplimento de la ley de cupos trans y travesti y la definición de nuevas políticas públicas integrales dirigidas al colectivo.
Además de manifestarse en contra de cualquier forma de control social que continúe exponiendo a los trans y travestis a situaciones de extrema vulnerabilidad, el OVG entiende que el traslado de la "zona roja" no modifica las condiciones y tampoco contribuye a investigar las supuestas redes de narcotráfico que justifican públicamente el accionar policial.
Además, el OVG señaló que a partir de los compromisos legislativos asumidos por el Estado argentino y la responsabilidad internacional que puede acarrear su incumpliendo, existe la obligación de suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución, y abstenerse de regular la existencia de lugares donde se ejerza esa práctica.
Por otra parte, el Observatorio remarcó que es una obligación de los funcionarios judiciales y policiales garantizar el respeto de los derechos humanos durante los procedimientos. En ese punto, señaló que las requisas policiales no pueden llevarse adelante con tratos vejatorios y denigrantes y debe respetarse la identidad de género de las personas trans y travestis.
Finalmente, el OVG volvió a solicitar políticas públicas inclusivas para este colectivo y, en esa línea, reclamó el cumplimento de la ley de cupos trans y travesti y la definición de nuevas políticas públicas integrales dirigidas al colectivo.