Al cumplirse una década de la sanción y promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, el Órgano de Revisión Local, resaltó la importancia del documento elaborado por la Nación para conmemorar esta fecha.
A diez años de la sanción y promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, el Órgano de Revisión Local, que preside el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, destacó la importancia del documento elaborado por la Nación para celebrar la década de la puesta en vigencia de esta norma.
El trabajo elaborado por el organismo nacional, titulado “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: Posicionamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental”, analiza de manera clara, contundente y sólida los avances en materia de salud mental en todo el país a diez años desde la sanción de la norma que estableció de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, que obliga al Estado de sustituir las instituciones monovalentes públicas y privadas por una red de servicios comunitarios y la atención en hospitales generales.
El informe destacó que la Ley Nacional de Salud Mental marcó las bases para esa transformación, considerándolo un “proceso del cual hoy ya no es posible retroceder”, con la marcada incidencia que tuvo para ello durante estos últimos años “el trabajo de los usuarios y usuarias, así como de diversos organismos estatales junto con los movimientos de sectores y organizaciones sociales se ha logrado instalar definitivamente esta problemática en la agenda de Derechos Humanos”.
De todas formas, el trabajo puso de manifiesto la preocupación en relación a dos temas sustanciales: uno tiene que ver con que el “plazo comprometido por nuestro país haya vencido este año, y que a pesar de los avances y cambios sustantivos, en materia de garantías de derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, la transformación global del sistema de salud mental hacia un sistema comunitario, con mayor descentralización territorial y con un presupuesto acorde a la pauta del 10% prevista en la LNSM, que permita la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes siga siendo una deuda pendiente”.
El otro tiene que ver con que “la omisión de transformar el sistema de atención de salud mental, además de sostener la histórica vulneración de derechos de las personas con discapacidad psicosocial, puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
El Órgano de Revisión Local coincide con el documento nacional en “que la persistencia de un sistema que mantiene internaciones innecesariamente prolongadas constituye, sin duda, un problema de salud pública, pero sobre todo de Derechos Humanos”.
Por último, el Órgano de Revisión Local, que integra el Defensor Adjunto, Marcelo Honores, celebra, apoya y acompaña la iniciativa de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencia de Género, en el diseño y la planificación de los planes de adecuación para la transformación y sustitución definitiva de los cuatro monovalentes públicos de la Provincia de Buenos Aires, lo que constituye un necesario avance en la implementación de políticas públicas en materia de salud mental, en sintonía con las responsabilidades implicadas a través de la Ley Nacional 26657, su Adhesión Provincial 14580 y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.