Que se investigue bajo la figura penal del femicidio los crímenes perpetrados contra Romina Maguna e integrantes de su grupo familiar por parte de su expareja Diego Loscalzo, en Hurlingham, y los asesinatos de Maruja Chacón Pérez y su hija Shirley Cielos Barrientos, encontradas enterradas en Punta Lara, reclamó el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.
En el requerimiento a la Fiscal Paula Hondeville, el Defensor solicitó que se respete lo que establece el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal respecto a este tipo de delitos, que considera como femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género.
“De ninguna manera es necesaria la violencia física anterior entre esos sujetos involucrados para la configuración del femicidio. Ni que, de existir violencia anterior, ésta debiera ser bajo la modalidad de violencia física o que la misma para ser considerada “legítima” o ser validada, debiera de haber sido ser denunciada penalmente”, explicó Lorenzino en referencia a la masacre de Hurlingham.
El Defensor del Pueblo provincial subrayó que “la tipificación de un delito como femicidio no sólo repercute en el imputado sino en la responsabilidad del Estado en cuanto a la modalidad de investigación y a la obligación de generar políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres”.
En el documento presentado ante la UFI 10 del Departamento judicial de Morón, se solicitó también enmarcar la investigación de los crímenes de los familiares de Maguna y la hija de Maruja Chacón Pérez como “femicidio vinculado”, donde se parte de la hipótesis que los asesinatos se han cometido para castigar o destruir psíquicamente a la mujer.
Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría, organismo de monitoreo permanente de políticas públicas sobre la materia, ha hecho una serie de recomendaciones para las distintas actuaciones judiciales y policiales que se llevan adelante en la Provincia, con el objeto de colaborar con las investigaciones y permitir la implementación de los estándares internacionales y nacionales en materia de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia.
Por último, la presentación hecha por el Defensor bonaerense, propone utilizar modelos de investigación como el Protocolo Latinoamericano utilizado en casos de muertes violentas por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por organismos especializados en derechos de las mujeres de Naciones Unidas.
En el requerimiento a la Fiscal Paula Hondeville, el Defensor solicitó que se respete lo que establece el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal respecto a este tipo de delitos, que considera como femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género.
“De ninguna manera es necesaria la violencia física anterior entre esos sujetos involucrados para la configuración del femicidio. Ni que, de existir violencia anterior, ésta debiera ser bajo la modalidad de violencia física o que la misma para ser considerada “legítima” o ser validada, debiera de haber sido ser denunciada penalmente”, explicó Lorenzino en referencia a la masacre de Hurlingham.
El Defensor del Pueblo provincial subrayó que “la tipificación de un delito como femicidio no sólo repercute en el imputado sino en la responsabilidad del Estado en cuanto a la modalidad de investigación y a la obligación de generar políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres”.
En el documento presentado ante la UFI 10 del Departamento judicial de Morón, se solicitó también enmarcar la investigación de los crímenes de los familiares de Maguna y la hija de Maruja Chacón Pérez como “femicidio vinculado”, donde se parte de la hipótesis que los asesinatos se han cometido para castigar o destruir psíquicamente a la mujer.
Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría, organismo de monitoreo permanente de políticas públicas sobre la materia, ha hecho una serie de recomendaciones para las distintas actuaciones judiciales y policiales que se llevan adelante en la Provincia, con el objeto de colaborar con las investigaciones y permitir la implementación de los estándares internacionales y nacionales en materia de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia.
Por último, la presentación hecha por el Defensor bonaerense, propone utilizar modelos de investigación como el Protocolo Latinoamericano utilizado en casos de muertes violentas por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por organismos especializados en derechos de las mujeres de Naciones Unidas.