Desmitificar las drogas, esa es la cuestión

Por Walter Martello

Defensor del Pueblo Adjunto PBA

Responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos

En el marco del Día Provincial de Lucha contra las Adicciones nos propusimos contrarrestar algunos de los mitos que circulan respecto al alcohol y a los estupefacientes ilegales (cocaína, marihuana y drogas sintéticas) que más se consumen en la Argentina. 

En base a datos y bibliografía aportados por centros de referencia a nivel mundial, elaboramos una cartilla con mitos y realidades de esas sustancias. El objetivo es contribuir a una política pública sobre drogas que tenga a la prevención como eje fundamental.

Hace 25 años, en momentos en que los índices de consumo de sustancias empezaron a mostrar aumentos exponenciales, en la provincia de Buenos Aires se instauró por ley el 23 de septiembre como Día de Lucha contra las Adicciones. Es una jornada que nos invita a reflexionar y planificar qué tipo de acciones podríamos desplegar desde el Estado, siendo que las propias estadísticas oficiales reflejan un panorama por demás complejo:   

• Argentina es el tercer país de América con mayor prevalencia de Consumo Excesivo Episódico (CEE) de alcohol en jóvenes entre 15 y 19 años, después de Estados Unidos y Uruguay.

• En la última década, la prevalencia del consumo de cocaína aumentó 129%. Argentina es el territorio que ha mostrado mayor crecimiento entre aquellas naciones del continente americano con las tasas de consumo más elevadas.

• Un estudio realizado en 2020 por la Sedronar, entre estudiantes de universidades, mostró que 34,1% de los encuestados reconoció haber consumido marihuana durante 2020, superando al tabaco (30,4%).

• Indicadores expuestos por la UNODC-ONU muestran que en la Argentina aumentó en la última década el consumo de Éxtasis (MDMA) del 0,2 % al 0.3 %.

Está claro que no se le puede perder pisada al narcotráfico y se deben seguir intensificando acciones desde los tres poderes del Estado. Pero las políticas públicas tradicionales, centradas casi exclusivamente en el combate de la oferta, no están dando respuestas adecuadas. Por eso debemos animarnos a encarar un cambio de paradigma, acorde a los tiempos que corren. Y ello implica poner la mira sobre la demanda y abordar la problemática de las adicciones y de los consumos problemáticos desde las perspectivas de los derechos humanos.

Existe, además, una sólida justificación económica que sustenta la viabilidad de un cambio de paradigma: las políticas públicas integrales de prevención sobrepasan con creces los costos. Por ejemplo, está probado que el consumo de alcohol es la puerta de acceso a otras sustancias. En ese sentido, hay abundante prueba científica respecto a que es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a la generación de morbilidad y a la consecuente sobrecarga económica que producen distintas enfermedades -originadas en esta conducta de consumo- sobre el sistema de salud. 

Ahora bien, un reciente estudio publicado este año por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) menciona que por cada dólar invertido en políticas de prevención del consumo del alcohol hay un retorno a la sociedad de hasta 16 dólares en beneficios económicos. 

Las medidas de prevención del consumo de alcohol también genera un ahorro anual de 28.000 millones de dólares en gastos en servicios médicos y, lo más importante, posibilita salvar 4,6 millones de vidas por año (en 48 países que son miembros de la OCDE). 

Una ecuación similar se registra con otros consumos problemáticos como aquellos que están vinculados con la marihuana, la cocaína, las drogas sintéticas y los psicofármacos. 

Datos y propuestas

En 2017, cuando creamos y pusimos en marcha el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos propusimos encarar una serie de estudios cuantitativos y cualitativos que nos permitan obtener resultados certeros para sustentar diferentes propuestas de políticas públicas. Así lo hicimos, incluso durante los tiempos más difíciles de la pandemia.   

Parte del trabajo realizado se plasmó en el libro Salió Mal y en el documental homónimo, productos culturales que incluyen testimonios reales, en primera persona. Pero no eso no fue todo ya que los datos recabados también nos permitieron impulsar numerosas iniciativas, entre las que podemos mencionar:

-Reforma de la Ley de Lucha contra el Alcoholismo, sancionada hace 24 años. El objetivo es establecer un nuevo marco normativo sobre publicidad y sponsoreo en eventos deportivos, culturales y redes sociales, como así también en trasmisiones que se realicen mediante distintas plataformas gráficas, audiovisuales y digitales. La propuesta incluye un nuevo sistema de etiquetado que aumente la superficie para la impresión de leyendas sanitarias.

-Armonizar las legislaciones provinciales y ordenanzas municipales a partir de un nuevo marco normativo nacional que estipule políticas de Estado y que, entre otros puntos, establezca que no menos del 50% de los recursos que se recauden a partir de sanciones y multas se deben destinar a desarrollar campaña de prevención, concientización y atención de consumo problemático de alcohol.

-Impulsamos un proyecto de ley para crear un Programa de Educación Integral sobre Adicciones y Consumos Problemáticos que atraviese todos los niveles y modalidades del sistema educativo de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa -tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense- prevé que la educación integral en adicciones tenga carácter obligatorio. Apunta a estudiantes de todas las modalidades y servicios del sistema educativo de la Provincia, incluyendo nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria, tomando en consideración la gradualidad y la especificidad.

-Apoyamos e impulsamos el proyecto para la reforma de la Ley Antitabaco en provincia de Buenos Aires. Se busca eliminar excepciones que existen en el marco normativo actual -modificado por última vez en 2012- respecto a la prohibición de fumar en espacios cerrados, establece mayores regulaciones en la publicidad y facilitar el acceso a los tratamientos de cesación tabáquica.

En conclusión, estos aportes sólo buscan ser una contribución para que la Argentina pueda tener una política de Estado sobre drogas –transversal a los gobiernos de turno- que brinde respuestas efectivas a las miles de familias que sufren, en carne propia, las consecuencias directas e indirectas de las adicciones y de los consumos problemáticos.

Descargar el informe ACÁ