Luego de las reiteradas quejas de los usuarios, frente a las demoras y restricciones que las empresas prestatarias del servicio de gas establecen para realizar nuevas conexiones, el secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, mantuvo un encuentro con las máximas autoridades del Ente Nacional
Luego de las reiteradas quejas de los usuarios, frente a las demoras y restricciones que las empresas prestatarias del servicio de gas establecen para realizar nuevas conexiones, el secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, mantuvo un encuentro con las máximas autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
La reunión apuntó a intercambiar ideas para encontrar una solución a los planteos hechos por los ciudadanos de distintos distritos de la Provincia, en particular los de Mar del Plata, quienes enfrentaron dificultades a la hora de acceder al servicio.
En el momento de dar detalles de las actividades que lleva adelante el organismo, el interventor del Enargas, David José Texanos González, explicó que se avanzó sobre un proyecto alternativo de gasoducto para abastecer a toda la zona de la costa bonaerense.
Además, se planteó la inquietud por el incremento en el servicio de gas natural, y por mantener un esquema de ingreso más amplio y flexible al registro de beneficiarios de la tarifa social para aquellas personas que no puedan hacer frente a los pagos.
La reunión apuntó a intercambiar ideas para encontrar una solución a los planteos hechos por los ciudadanos de distintos distritos de la Provincia, en particular los de Mar del Plata, quienes enfrentaron dificultades a la hora de acceder al servicio.
En el momento de dar detalles de las actividades que lleva adelante el organismo, el interventor del Enargas, David José Texanos González, explicó que se avanzó sobre un proyecto alternativo de gasoducto para abastecer a toda la zona de la costa bonaerense.
Además, se planteó la inquietud por el incremento en el servicio de gas natural, y por mantener un esquema de ingreso más amplio y flexible al registro de beneficiarios de la tarifa social para aquellas personas que no puedan hacer frente a los pagos.