Debemos redoblar esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil

A fines de mayo, se dieron a conocer los indicadores de pobreza e indigencia y la situación de NNyA, algunos de los datos relacionados con el trabajo infantil indican:

El 36% de NNyA encuestados realiza tareas de cuidado, atención a niños, niñas o personas mayores con quienes conviven.

A su vez, 1 de cada 3 no lo hacía anteriormente o lo realiza en el actual contexto con más intensidad. El 78% de los niños, niñas y adolescentes consultados realiza tareas domésticas: lavado, limpieza y/o cocina. 1 de cada 3 no las hacía, o las hace con una intensidad mayor que antes de la cuarentena. Mientras que el 75% de los que no realizan ninguna actividad productiva reside en barrios residenciales, el 42% de quienes asumen tareas de cuidado y el 37% de quienes realizan tareas domésticas reside en asentamientos precarios y/o barrios de vivienda social/monoblock.

¿Qué hacer?

En nuestro país se considera trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por NNyA debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años).

Desde hace 13 años, Argentina cuenta con la Ley 26.390 destinada a la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

Esta norma complementa y aumenta, en especificación, a través de un régimen especial, lo establecido por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

Finalmente, mediante la Ley 26.847, promulgada en 2013, se incorporó al Código Penal el art.148 bis, que establece:

“Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.

Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.

Asimismo, el Estado bonaerense lleva adelante el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, creado a través de la Ley 13803, y su Decreto Reglamentario 2137 del año 2010. Este programa funciona en el marco de la Comisión Provincial (COPRETI), creada en 2004 (Decreto 1303/05).

Tanto el Programa Provincial como la Comisión son de carácter interministerial, intersectorial y cuatripartito, y la presidencia está a cargo actualmente de la ministra de Trabajo.

En definitiva, a nivel federal y provincial, contamos con un marco normativo acorde y con una serie de dispositivos con presencia territorial.

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, en coincidencia con el objetivo planteado en el programa provincial, consideramos que es necesario problematizar la mirada tolerante hacia el trabajo infantil que tiene lugar en el marco de estrategias familiares de supervivencia.

Hay una realidad que nos muestra que la ausencia de espacios de cuidado, como componente inherente al trabajo decente, lleva a muchos NNyA al trabajo doméstico intensivo o bien a acompañar a sus familias a lugares de trabajo en un contexto de actividades de subsistencia y de alta informalidad.

Esto se vio potenciado desde el inicio de la pandemia. Las estrategias de erradicación del trabajo infantil requieren considerar los múltiples aspectos relacionados dentro de una política de Estado permanente y perdurables, transversal a los gobiernos de turno, con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Está claro que la solución no es única y se requiere de la asociación de muchos sectores, entre los cuales podrían jugar un papel destacado los gobiernos locales y la ciudadanía informada y sensibilizada con el problema.

Entendemos que, como el trabajo infantil no es producto de una sola causa, tampoco la solución la encontraremos en una única dirección. La premisa debe ser seguir avanzando en visibilizar la problemática, proteger los derechos de las y los NNyA y, fundamentalmente, en mejorar su educación. Sólo así podremos atacar de manera efectiva un problema que duele y afecta el futuro de la sociedad.