El Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Defensoría del Pueblo bonaerense presentaron un informe técnico que describe con datos diferentes aspectos de esta problemática.
Uno de cada tres niños en el Conurbano sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo, tal como lo muestran los datos que arrojó el informe técnico con que la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo bonaerense analizaron la problemática que representan estos derechos pendientes en la región más poblada del país.
El relevamiento, que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA realizó para el organismo que conduce Guido Lorenzino, describe la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación, para conocer cómo evolucionó esta situación a lo largo del periodo 2010-2018 y, básicamente, para localizar las infancias más vulnerables en estos ámbitos en el Conurbano y explorar sus asimetrías con respecto a sus pares a nivel del promedio nacional urbano.
El déficit de acceso al agua de red alcanza al 14% de los hogares de la Argentina urbana y al 18% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Dichos niveles casi se duplican cuando se tratan de los hogares y los NNyA del conurbano bonaerense (27% y 32%, respectivamente). Este déficit afecta con mayor fuerza a los NNyA de los estratos sociales muy bajos (43,1%) y bajos (38,7%), que viven en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%), y en aquellos que residen en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%). Asimismo, la probabilidad de acceder al agua de pozo es mayor en el GBA que en el total país (24,8% contra 11,6%), y también es mayor la propensión a tener que acceder al agua fuera de la vivienda (7,4% contra 4,6%).
“Estos datos nos muestran que existen graves problemas en el conurbano para acceder al agua potable, lo que se agrava al poner la atención en las poblaciones más vulnerables. A la hora de pensar una solución, es necesario proyectar una política de Estado a gran escala y sostenida en el tiempo”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Por otro lado, la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018. Si la inseguridad alimentaria total es del 35,8% en el tercer trimestre de 2018 en GBA, es del 17,4% en cuanto a la inseguridad alimentaria severa y 40%, la cobertura de alimentación gratuita.
La asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños/as en edad de escolarización primaria. La tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños/as de edad preescolar y para los adolescentes. El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños/as no escolarizados y los adolescentes.
“La falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental para desarrollarse es tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad. Además, es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable. Por lo tanto, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama”, agregó Lorenzino.