El Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su posición en el actual contexto de debate en torno a las políticas públicas en materia de salud mental.
Reafirmamos nuestro compromiso con los principios, derechos y garantías consagrados en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, entendiendo que la misma constituye un marco normativo adecuado.
Desde nuestra práctica cotidiana de monitoreo, control de legalidad y promoción de derechos, advertimos que la problemática actual en salud mental no radica en las limitaciones del marco normativo vigente, sino en las dificultades estructurales para su plena implementación. Entre ellas, destacamos la insuficiencia de recursos, la fragmentación del sistema de atención sanitario y las crecientes demandas derivadas de la complejidad social.
Observamos con preocupación que los planteos de reforma a la ley, presentados como respuestas a la crisis actual, parten de diagnósticos simplificados y/o equívocos y corren el riesgo de constituir soluciones aparentes y superfluas, sin abordar las causas estructurales de múltiples problemáticas actuales. Así, ello se traduce en el retroceso del paradigma de derechos, el retroceso del proceso de desmanicomialización y en el retroceso de las garantías de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Advertimos que estas iniciativas implican un debilitamiento de los mecanismos institucionales de control y resguardo de derechos, en particular de los Órganos de Revisión. Entendemos que el camino que efectivamente aborde las causas de las problemáticas actuales requiere:
* El fortalecimiento del sistema público de salud mental, con especial énfasis en la ampliación y formación para los equipos interdisciplinarios, para garantizar la continuidad de cuidados.
* La inversión sostenida en infraestructura y en la ampliación de dispositivos comunitarios, promoviendo abordajes territoriales accesibles e integrales.
* La consolidación de estrategias intersectoriales que aborden los determinantes sociales de la salud mental, articulando políticas públicas de manera efectiva.
* La generación y sostenimiento de espacios de trabajo y discusión que permitan construir respuestas acordes a la complejidad del escenario actual.
Finalmente, reafirmamos nuestra disposición al trabajo articulado, para contribuir a la construcción de políticas públicas que, lejos de implicar retrocesos, fortalezcan un sistema de salud mental respetuoso de los derechos humanos de las personas y a la altura de las necesidades sociales actuales.