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Desde el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires , nos solidarizamos con la familia de Lucas González, y manifestamos nuestro enérgico repudio frente al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El asesinato de Lucas González, joven de Florencio Varela, constituye un caso de gatillo fácil contrario a los principios, estándares y lógicas que deben guiar la actuación de las fuerzas de seguridad. Desde el COPREVIOL exigimos celeridad en la investigación, el respeto por los derechos de sus familiares y amigos/as durante el desarrollo de la misma, y la aplicación de condenas ejemplares para los autores del hecho.
Asimismo, advertimos sobre las consecuencias directas de los discursos de mano dura, la habilitación y aliento desde determinados sectores de prácticas ilegales, como por ejemplo la doctrina Chocobar, y toda cuanta iniciativa vaya en dirección contraria con una visión democrática de la seguridad ciudadana, y respetuosa de los derechos humanos. No podemos tolerar, como sociedad, los proclamas que promuevan las ejecuciones sumarias.
En dicho sentido, las exigencias sobre los agentes públicos deben ser aún mayores, pues son ellos/as quienes tienen legalmente permitido el uso de armas y el ejercicio de la fuerza, circunstancia que los conmina a trabajar en la supresión de toda práctica o conducta que, ajena a los fines perseguidos por la normativa y la organización de la seguridad interior, puedan poner en riesgo actual y/o inminente a una porción de la población.
Asimismo, advertimos sobre las consecuencias directas de los discursos de mano dura, la habilitación y aliento desde determinados sectores de prácticas ilegales, como por ejemplo la doctrina Chocobar, y toda cuanta iniciativa vaya en dirección contraria con una visión democrática de la seguridad ciudadana, y respetuosa de los derechos humanos. No podemos tolerar, como sociedad, los proclamas que promuevan las ejecuciones sumarias.
En dicho sentido, las exigencias sobre los agentes públicos deben ser aún mayores, pues son ellos/as quienes tienen legalmente permitido el uso de armas y el ejercicio de la fuerza, circunstancia que los conmina a trabajar en la supresión de toda práctica o conducta que, ajena a los fines perseguidos por la normativa y la organización de la seguridad interior, puedan poner en riesgo actual y/o inminente a una porción de la población.