Casi el 30% tuvo malas experiencias con la IA y un 60% pide que la regule el Estado

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó los resultados de una encuesta sobre el uso y las preocupaciones relacionadas a la inteligencia artificial y mostró que casi el 30% de quienes la utilizan tuvo malas experiencias, además de un 60% que considera que el Estado debe proteger a las personas ante los posibles peligros vinculados a esta tecnología.

Estos datos son el resultado de un cuestionario elaborado por el organismo que conduce Guido Lorenzino que apuntó a indagar sobre las percepciones, los riesgos y las oportunidades asociadas al desarrollo y la utilización de la IA, y si bien reflejó un uso extendido de esta herramienta también expuso ciertos temores.

Usos y opiniones sobre la IA

Entre los resultados de la encuesta se vio que 7 de cada 10 personas usan habitualmente herramientas de inteligencia artificial: un 31% lo hace todos los días y un 40% algunas veces por semana.

Se observó una utilización fuertemente orientada a fines productivos y formativos, con un 26,6% que la emplea para trabajo o tareas profesionales y un 25,8% para estudio o aprendizaje. Le siguen las consultas personales informales (20,7%), las consultas sobre salud o bienestar (12,6%) y para entretenimiento (12,4%).

La mayoría de las personas encuestadas evalúa su conocimiento en el uso de IA en un nivel medio (39,51%), es decir, utilizan algunas herramientas pero sin conocer en profundidad todas sus funciones o potencialidades, y ChatGPT es, por amplio margen, la herramienta de inteligencia artificial más utilizada (36,4%).

Al preguntar por los sentimientos que genera la IA, un 75% fueron positivos: produce curiosidad, entusiasmo y confianza, mientras que los negativos fueron mucho menos, un 22%, conformado entre otros por la desconfianza y la indiferencia.

En cuanto a qué opinan de esta herramienta, un 23,3% considera que sirve para ahorrar tiempo y un 21,2% que mejora la productividad en el trabajo o el estudio, pero en tercer lugar, con un 19,2%, aparece una visión más crítica: que la IA genera mayor dependencia tecnológica.

La encuesta también preguntó a quienes no utilizan IA: el 10% no la usa nunca y un 19% rara vez. Entre los principales argumentos de por qué no lo hacen, aparecen la falta de interés (32,9%), la preocupación por la privacidad o los riesgos (21,5%) y la desconfianza en estas tecnologías (19%). Al analizar los sentimientos que les provoca esta herramienta, un 29,5% indicó que le produce desconfianza y un 19,2% indiferencia.

Malas experiencias

Si bien la mayoría de las y los encuestados no tuvo experiencias negativas al usar inteligencia artificial (54%), existe un 26% que afirma haber tenido experiencias negativas, además de un 20% que declaró no estar seguro/a, lo que puede reflejar situaciones ambiguas, malinterpretaciones del funcionamiento de la IA o falta de información suficiente para evaluar la experiencia.

Entre quienes manifestaron haber tenido experiencias negativas con la IA, el principal problema identificado fueron las respuestas incorrectas o inexactas (37%), que la IA no cumplió con las expectativas (26%), un 20,8% que señaló dificultades técnicas o de comprensión, y un 13% mostró preocupación por su privacidad.

Que el Estado se haga cargo

Hay un consenso mayoritario a favor de la regulación de la inteligencia artificial, con un 56,59% que sostiene que el Estado debe garantizar una normativa que proteja los derechos de las personas frente a los posibles riesgos por su uso, además de un 17,56% que adhiere a una regulación parcial, limitada a aspectos mínimos o específicos. En cambio, un 13,17% considera que la IA debe ser libre y no estar regulada.

“El avance de las IA nos pone ante un panorama complejo y dinámico, donde este uso cada vez más generalizado también convive con notables desigualdades en el acceso, el conocimiento técnico y la capacidad de aprovechar sus potencialidades. En este contexto vemos que buena parte de la ciudadanía no reclama la limitación de su desarrollo, sino el control de sus efectos por parte del Estado, bajo criterios de justicia, equidad y defensa de los derechos humanos”, expresó Lorenzino.