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Principalmente, salud, educación y protección. “Tomando como base esas premisas, y el verdadero sentido que hace 64 años le dieron desde las Naciones Unidas a esta jornada, entendemos que la problemática del embarazo infantil y adolescente no puede ser considerada como algo secundario. Por el contrario, merece ser ponderada como prioridad en materia de derechos humanos. Y debe reconocerse que es una cuestión pendiente que atraviesa transversalmente a los diferentes poderes del Estado, en todos sus niveles jurisdiccionales”, destacó Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
Ejemplo de esta situación es que, en los últimos años, los propios datos oficiales muestran que en Argentina la tasa de recién nacidos con madres que no superan los 14 años se ha mantenido prácticamente inalterable. Solo se registran pequeñas variaciones.
“¿Cuáles son las posibles soluciones? La respuesta tiene varias aristas. Por un lado, es indudable que se debe insistir en el fortalecimiento de las campañas de prevención del embarazo adolescente y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, haciéndola abarcativa al conjunto de todo el sistema educativo, tanto de gestión pública como privada. Pero también es necesario apuntar al desarrollo de otro conjunto de medidas de prevención, detección y abordaje de la problemática en ámbitos sociales y comunitarios”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.
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