La articulación de políticas institucionales que tiendan a profundizar y elevar los estándares de eficiencia de los monitoreos que se realizan en unidades penitenciarias de la Provincia, acordaron hoy el Defensor del Pueblo Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud, Marcelo Honores, y el subsecretario de Protección de DD.HH.
La articulación de políticas institucionales que tiendan a profundizar y elevar los estándares de eficiencia de los monitoreos que se realizan en unidades penitenciarias de la Provincia, acordaron hoy el Defensor del Pueblo Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud, Marcelo Honores, y el subsecretario de Protección de DD.HH. bonaerense, Sebastián Pereiro.
Durante el encuentro, Honores y Pereiro hicieron un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran las unidades penitenciarias de la Provincia, bajo una estricta perspectiva de derechos humanos que, en definitiva, evalúa “la condición y calidad de vida de los internos”, en las 54 cárceles bonaerenses y también en las 150 dependencias policiales a donde se alojan detenidos.
Además de coincidir en la necesidad de articular acciones conjuntas entre la Defensoría y la subsecretaría, los funcionarios pusieron el acento en intercambiar y profundizar la información que surja de los monitoreos que ambas instituciones llevan adelante en las diferentes cárceles.
La gestión de Honores se enmarca en la política institucional que en materia de derechos humanos y prevención de violencia institucional, definió el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Honores y Pereiro analizaron la cuestión penitenciaria junto a los secretarios de la Defensoría, Luis Rech (Promoción de Derechos Humanos) y Gustavo Ferri (Atención, Orientación y Desarrollo Territorial).
Durante el encuentro, Honores y Pereiro hicieron un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran las unidades penitenciarias de la Provincia, bajo una estricta perspectiva de derechos humanos que, en definitiva, evalúa “la condición y calidad de vida de los internos”, en las 54 cárceles bonaerenses y también en las 150 dependencias policiales a donde se alojan detenidos.
Además de coincidir en la necesidad de articular acciones conjuntas entre la Defensoría y la subsecretaría, los funcionarios pusieron el acento en intercambiar y profundizar la información que surja de los monitoreos que ambas instituciones llevan adelante en las diferentes cárceles.
La gestión de Honores se enmarca en la política institucional que en materia de derechos humanos y prevención de violencia institucional, definió el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Honores y Pereiro analizaron la cuestión penitenciaria junto a los secretarios de la Defensoría, Luis Rech (Promoción de Derechos Humanos) y Gustavo Ferri (Atención, Orientación y Desarrollo Territorial).