La Provincia cuenta, en sus distintos niveles de gobierno, con una gran diversidad de protocolos, recomendaciones y leyes que abordan la erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral y buscan su resolución en términos legales, pero que sin embargo se generan un conflicto: la segmentación de estos dispositivos de actuación hace que la tarea sea muy difícil.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, al igual que la Legislatura, creó su propia reglamentación de la Ley de Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia, a cargo del Observatorio de Violencia de Género. En esa línea, creó por resolución un protocolo de abordaje de situaciones de violencia de género para los casos que correspondan al interior del organismo que conduce Guido Lorenzino.
También elaboró una recomendación para que los municipios puedan elaborar sus propios protocolos de actuación, y lleva adelante el relevamiento de la aplicación de la Ley Micaela, para que las comunas que no lo hayan hecho realicen la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública que establece esta norma.
Nos encontramos frente a un amplio marco legal, ya sea a nivel nacional como provincial. Al poner la lupa sobre lo que sucede en territorio bonaerense, vemos que, al igual que lo que ocurre en la Defensoría, la Legislatura cuenta con sus propios protocolos y otro tanto sucede con los municipios.
Acá surge el problema: la inexistencia de protocolos integrales que abarquen a toda la Provincia genera la pulverización de todas las formas de abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, dificultando la resolución de los casos y el acceso a la información.
Otro inconveniente se da por la falta de abordaje de la temática por parte de muchos de los organismos del Estado provincial como en los municipios. Esto puede ser producto de la subestimación de temáticas relacionadas a la violencia de género, en términos sociales y culturales. Si bien es necesaria la efectiva aplicación de leyes ya existentes, como la mencionada Ley Micaela, es cierto también que los métodos de sensibilización no son suficientes a la hora de pensar resoluciones en los casos de femicidios o hechos de violencia de género.
En este sentido, nuevamente, la responsabilidad es de quienes están en cargos públicos y toman decisiones en función de estas problemáticas. La falta de difusión de la información existente para el abordaje integral de los casos y para el correcto uso de las herramientas con las que el Estado cuenta también es parte de esto.
Además, la segmentación de esa información, producto de lo que mencionamos anteriormente sobre la balcanización de protocolos y otros recursos de actuación ante situaciones de violencia, puede ser confusa y aportar a la ralentización de esos procesos.
Como propuesta aparece la creación de un marco legal general en toda la Provincia que elimine la segmentación de los dispositivos de actuación para el abordaje de los casos de violencia de género en el ámbito laboral y garantice el derecho al acceso a licencias especiales por dichos motivos.
Esto permitiría la sistematización de un registro de casos y agilizaría el acceso a la información para quienes la requieran. La unificación de los marcos legales resulta ordenadora a la hora de activar un protocolo para el abordaje de situaciones de violencia de género porque desactiva la posibilidad de que cada organismo cuente con su propio marco legal, su propia forma de accionar y otros procesos que dificultan la institucionalización de las políticas de Estado.
Además, es necesaria la efectiva aplicación de todas las leyes vigentes para la efectiva erradicación de la violencia de género en los ámbitos laboral provincial y municipal. Para esto es importante contar con el compromiso político de quienes cuentan con la posibilidad de llevar a cabo su implementación en cada área del gobierno provincial y en cada área de los gobiernos municipales.