En el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que se conmemora cada 18 de marzo, resulta necesario visibilizar las desigualdades estructurales que aún atraviesan las personas travestis y trans, y reafirmar que la promoción de derechos requiere de presencia institucional, políticas públicas sostenidas y abordajes integrales.
Esta fecha no solo recupera una agenda de reconocimiento, también interpela sobre las barreras que persisten en el acceso efectivo a derechos fundamentales. Las vulneraciones que afectan a este colectivo no aparecen de manera aislada ni comienzan en situaciones extremas.
Se configuran a lo largo de trayectorias de vida marcadas por discriminación, exclusión educativa, precarización laboral, dificultades en el acceso a la salud, obstáculos en la documentación y diversas formas de violencia institucional.Estas desigualdades se acumulan y condicionan las posibilidades de desarrollar una vida digna, autónoma y libre de violencias.
En este sentido, esta fecha -que invita a ir más allá de la conmemoración- demanda vislumbrar las condiciones materiales e institucionales que aún obstaculizan el ejercicio pleno de derechos de este colectivo, y reconocer que la igualdad formal resulta insuficiente cuando persisten barreras concretas para acceder a la identidad, la salud, la educación, el trabajo y la justicia.
La visibilización de estas problemáticas y la generación de intervenciones concretas forman parte del compromiso de la Defensoría del Pueblo en la promoción y defensa de los derechos humanos, para contribuir a una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencias.