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1Columna de opinión
Servicios públicos, tarifas y pobreza: en 2018 llegamos a un límite
Por Guido Lorenzino
Defensor del Pueblo -
2#Basurales
Provincia: 74 municipios tienen basurales a cielo abierto del tamaño de dos estadios de River
Columna de opinión
Servicios públicos, tarifas y pobreza: en 2018 llegamos a un límite
Por Guido Lorenzino
Durante los años 2016 y 2017 el gobierno nacional ha aumentado las tarifas domiciliarias de gas y electricidad aproximadamente un mil por ciento, (promedio) de manera absolutamente desproporcionada en relación con los aumentos de los salarios y de las prestaciones de la seguridad social que perciben los argentinos, sea por jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo, pensiones por discapacidad, pensiones para los veteranos de guerra y las asignaciones familiares.
En una nota de opinión publicada por Clarín el 12/1/2018 por Daniel Montamat decía que la recomposición tarifaria de gas y electricidad que ha hecho el gobierno ha sido gradual, posición que mantienen funcionarios del gobierno y cuestionada claramente por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Desde que asumimos al frente de dicho organismo hemos venido cuestionando la razonabilidad de estos aumentos tarifarios y la eliminación de subsidios, tanto en las audiencias públicas como ante la Justicia, ya que carecen totalmente de relación con los ingresos de las familias, quienes no han sido responsables si es que se produjo un retraso en el precio de las tarifas y no pueden asumirlo intempestivamente.
Debemos destacar que los servicios de gas y electricidad han sido declarados servicios públicos esenciales por las leyes nº 25.877 y 27.218 e integran el concepto de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), considerados derechos humanos fundamentales por estar incluídos en el artículo 11.1 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin perjuicio de estas cuestiones legales, debemos destacar que al hablar de servicios esenciales estamos discutiendo sobre las necesidades básicas de carácter biológico constitutivas de la persona humana y de sus necesidades socioculturales, que hacen a su dignidad intrínseca.
El calor o el frío, la higiene, la salud, la seguridad, el desarrollo de los niños y niñas en las condiciones más favorables, la calidad de vida de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, son todas cuestiones vinculadas directamente con el acceso a los servicios esenciales.
”Todavía hay un tramo por recorrer para terminar con los subsidios generales e indiscriminados” dice Montamat. Y agregó que la contracara de la eliminación de los subsidios en un país con índices de pobreza que alcanzan al 30% de la población es “desarrollar políticas específicas para paliar la vulnerabilidad energética e incluir a los pobres de la energía”, lo que se habría hecho mediante “subsidios focalizados a través de una tarifa social.”
Ello tampoco es así. Según un estudio realizado para la Defensoría del Pueblo por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (“Informe Técnico. El acceso a la tarifa social en servicios domiciliarios de energía eléctrica, agua y gas. Situación de los hogares del Conurbano Bonaerense, 2017”), aproximadamente el 70% de los hogares del conurbano bonaerense, con un ingreso inferior a $13.000 mensuales o que perciba ingresos por algún programa social, está excluido de la tarifa social y en el caso del agua, el guarismo llega casi al 80%.
Como podemos apreciar fácilmente, pese a las manifestaciones sobre la cobertura automática de la tarifa social, la mayoría de los hogares de la Provincia de Buenos Aires que deberían contar con ese beneficio se encuentran excluidos del mismo. Por ello hemos solicitado que se simplifiquen los requisitos establecidos para la tarifa social, de manera que la cobertura ideada por el Estado llegue a todos sus destinatarios reales.
En otro tramo se refiere a que todavía falta recorrer nuevos tramos en este camino y cabe destacar que la finalización de la vigencia de la ley de emergencia económica 25.561 obliga desde enero de 2018 a contar con cuadros tarifarios de luz y gas, fijados por períodos de cinco (5) años, y el aumento de 1000% ya operado en las tarifas parece un límite absoluto para esa facultad.
Además, como los periódicos aumentos tarifarios están manteniendo el índice inflacionario en niveles incompatibles con el desarrollo, erosionando el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las demás prestaciones de la seguridad social, creemos que es momento de cambiar esta política, destinada a beneficiar de manera extraordinaria e injustificada a las empresas de extracción de gas, condicionando al resto de los servicios esenciales.
Es importante que conozcamos la realidad social y económica que subyace a los cambios que se están produciendo. Y que a partir de ello se puedan evitar perjuicios individuales y colectivos para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, garantizando un piso de derechos compatible con la dignidad humana.
#Basurales
Provincia: 74 municipios tienen basurales a cielo abierto del tamaño de dos estadios de River
Responsables directos de generar un impacto negativo en el ambiente, en la economía y en la salud de las personas, el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense muestra que en 74 municipios de la Provincia existen basurales a cielo abierto con superficies similares a dos estadios de River.
Este trabajo, que se llevó adelante en distritos donde no funciona el Ceamse, reveló que estos predios ocupan superficies de una media de 90.000 metros cuadrados cada uno. El riesgo que provocan cobra relevancia, a su vez, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en promedio se encuentran a 2 kilómetros de la zona urbana más próxima, a 3 kilómetros de la escuela más cercana y a 4 kilómetros del palacio municipal –y por lo tanto de los centros comerciales– de las localidades donde están ubicados.
“Uno de los datos más alarmantes es que en 7 de cada 10 basurales a cielo abierto se producen quemas. Esto demuestra que no hay un cambio en el paradigma de considerar al residuo como un recurso, para no verlo como un problema ambiental sino como una oportunidad, lo que implica que estos depósitos se transformen en un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la población”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
A diferencia de lo que sucede en los distritos en los que funciona el Ceamse, donde el Estado tiene un política respecto a qué hacer con la basura, en el resto de la Provincia no se evidencia un patrón común para el tratamiento de los residuos, por lo que en los distritos analizados se produce una problemática cuya solución se encuentra fuera del alcance de un presupuesto municipal.
El estudio se complementará con una etapa de participación ciudadana, donde los vecinos de los distintos municipios podrán acercar a la Defensoría todo tipo de información, a través de una plataforma interactiva, donde podrán volcar sus denuncias por medio de fotos y videos, que permitirán elaborar un mapa definitivo y actualizado de dónde se encuentran los basurales a cielo abierto en toda la Provincia.
INFORME BASURALES
